El XXVIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que se celebra desde este jueves, 20 de octubre, y hasta el viernes, 21 del mismo mes, en Madrid, ha celebrado el 20º aniversario de la Ley de Autonomía del Paciente, lo que conmemoró con una mesa de debate en la que se expusieron los puntos en los que esta norma debería ser revisada desde una nueva perspectiva.
Este evento enmarcado en la referida cita de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) fue dirigido por la directora general adjunta de la compañía aseguradora A.M.A. y responsable de su ramo de Responsabilidad Civil Profesional, Raquel Murillo, quien indicó que la realidad actual está «en continua transformación».
Precisamente, esta transformación «nos exige abordar determinadas cuestiones desde una nueva perspectiva», continuó esta representante de A.M.A. -que, de igual forma que su Fundación, está presidida por el doctor Diego Murillo-. Así, puso como ejemplo la ley de pandemias, la regulación de la telemedicina y la relación entre capacidad y autonomía del paciente.
Raquel Murillo destacó el papel de esta mutua en el asesoramiento y formación permanente en el ámbito judicial con la defensa de los sanitarios en multitud de procedimientos judiciales, siendo no solo testigo de excepción de las implicaciones que la aplicación de esta ley supone para el profesional sanitario, sino parte activa en esta evolución. Además, esta mesa generó mucho interés entre los asistentes al Congreso que siguieron el debate y participaron en el turno de preguntas posterior.
En la primera intervención, el vicerrector de Relaciones Institucionales y secretario general de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, Federico de Montalvo Jääskeläinen, analizó y alabó lo bien construida y redactada que está la citada ley. Junto a ello, consida que no debe ser modificada, solo adaptada a las nuevas herramientas digitales de relación médico – paciente.
Por el contrario, la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y ministra de Sanidad y Consumo cuando se redactó esta norma, Ana Pastor, cree que la misma es muy relevante, pero «ha llevado a numerosas reclamaciones judiciales por la dificultad de discernir entre la información y la documentación clínica».
En este sentido, Ana Pastor señaló que hace falta un nuevo marco regulatorio sobre la telemedicina, los ensayos clínicos, el uso de la Inteligencia Artificial y, también, los consentimientos informados. A su juicio, la ley tiene unos principios básicos positivos, pero necesita una revisión para reforzarla y actualizarla. Además, hizo un llamamiento a «un amplio consenso político para aprobar las leyes sanitarias».
José Luis Seoane, magistrado de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, realizó un pormenorizado análisis de la evolución de la jurisprudencia nacional e internacional sobre el consentimiento informado y relató una amplia casuística sobre su regulación y los casos derivados de omisión por parte del médico, una de las causas de reclamación más común por parte de los pacientes.
Por su parte, la directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Elena Mantilla, repasó la amplia normativa elaborada en materia sanitaria por esta región en los últimos meses; y, en relación con la Ley de Autonomía del Paciente, pidió «una actualización para adaptarla a la realidad actual y futura, mayor cohesión de los protocolos en cualquier territorio y la concreción de los criterios a seguir para evitar posibles demandas».
Por último, el presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, abordó algunos de los casos más relevantes, con importantes penas impuestas, dirimidos por esta instancia judicial en relación con el acceso a historias clínicas y revelación de secretos, en los que se vulneran el derecho a la protección de datos, un derecho este último que, en su opinión, está sufriendo una «mutación generacional».