Parte del sector sanitario considera que la Ley General de Sanidad está obsoleta. Después de 36 años en vigor, agentes del sector como la sanidad privada o del derecho sanitario coinciden en que urge la creación de una normativa nueva que se ajuste a la realidad actual, especialmente después de la pandemia provocada por el Covid-19. Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y presidente del Bufete De Lorenzo Abogados, reconoce a Redacción Médica que es necesario redefinir el papel del Ministerio de Sanidad e incluir una financiación específica para que ésta siga siendo efectiva, entre otras incorporaciones.
“Es indudable que la Ley General de Sanidad supuso un hito en nuestra historia sanitaria y social, pero tras el tiempo trascurrido y con todos los “arreglos” instaurados bajo distintas ideologías políticas, la ley ha perdido efectividad”, argumenta. De este modo, defiende que “es el momento de volver a reivindicar los valores básicos de universalidad, gratuidad, igualdad, accesibilidad, calidad y participación”.
Con este objetivo, señala que la nueva Ley General de Sanidad debe definir el papel del Ministerio de Sanidad o del Consejo Interterritorial como guías del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como vincular el derecho a la salud y la asistencia sanitaria al concepto de ciudadanía.
Igualmente, añade que debe cumplir con otros “planteamientos básicos” como garantizar la sostenibilidad financiera del SNS “mediante una regulación y desarrollo del Fondo de Cohesión o una regulación específica de la financiación sanitaria», conseguir la universalidad del SNS a partir de la “unicidad del aseguramiento” y establecer un modelo “racional y eficiente” que tenga en cuenta la “arquitectura competencial” de las comunidades autónomas.
La actual normativa sanitaria es «frágil y débil»
“Tras la revisión de toda la legislación aparecida desde 1986 hasta la actualidad, podemos ver que hay 106 artículos (74,2 por ciento) que han perdido efectividad normativa”, indica De Lorenzo, quien comparte a su vez el planteamiento que avanzó la semana pasada Juan Abarca, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS).
Compuesta por 143 artículos y catalogada como la “ley madre” de la sanidad, ambos declaran que “está obsoleta” y ha llegado el punto de rehacerla. A pesar de que ha sufrido diferentes remodelaciones, “hoy necesariamente requiere de un pacto por la sanidad desde el ámbito político”, insiste De Lorenzo.
“Si el 74,2 por ciento del articulado de la Ley General de Sanidad ha perdido efectividad real, se nos está mostrando que el sistema es totalmente débil no solo a nivel jurídico, sino también competencial”, destaca el letrado. “Esta fragilidad es un punto muy endeble ante la crisis económica que padecemos y, por ello, parece claro que el Sistema Nacional de Salud (SNS) debe ser capaz de conseguir un «Pacto por la Sanidad» que busque el consenso y promueva una nueva Ley de Sanidad necesaria para el siglo XXI”, apunta.
Necesidad de una nueva Ley General de Sanidad
Por otro lado, recalca que la pandemia del coronavirus ha reflejado que el marco normativo vigente ha dado lugar a “grandes inseguridades jurídicas”. “Necesitamos una norma de carácter completo que, a ser posible, afecte al conjunto de las comunidades autónomas para que, independientemente de los mecanismos de coordinación administrativa, haya también una coordinación legislativa que permita dar una única respuesta y dote de seguridad jurídica a los ciudadanos”, asegura De Lorenzo.
Pero, ¿cómo llevarlo a cabo? Según el experto, “los partidos políticos que configuran la mayoría parlamentaria en España deberán ser capaces de plasmar los consensos básicos que existen en un marco normativo nuevo”. De hecho, afirma que la “voluntad política” constituye un aspecto clave para el éxito de esta normativa y el tiempo que transcurra hasta que se haga realidad.
Con todo, recuerda que el Consejo de Ministros “últimamente” ha analizado el Anteproyecto de Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS. Y, en este punto, enfatiza que la nueva ley “es uno de los objetivos” recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.