El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reveló en el Parlamento que no descarta mejorar el marco legislativo para incorporar “la obligatoriedad” de de que las partes se sometan a sesiones informativas, acordadas por un juez, para impulsar la mediación, si bien finalmente se podrá optar por esa vía o por la judicial.
Catalá aseguró, respondiendo al diputado ‘popular’ Avelino de Barrionuevo, que reducir la litigiosidad es un buen objetivo pero también lo es promover en el conjunto de la sociedad española una cultura en torno al acuerdo, por ello entiende que la mediación tiene un papel “fundamental”.
La intención de Catalá va en la línea de introducir en la justicia española el sistema “multi doors” o puertas múltiples, desarrollado en Washington D.C. y replicado después en muchos países, en el que el usuario elige la alternativa a la solución de su conflicto, ya sea a través de la mediación, la conciliación, el arbitraje o la justicia tradicional.
El concepto fue formulado por primera vez en los años setenta por el profesor de Harvard, Frank E. A. Sander, en la “Conferencia nacional sobre las causas de la insatisfacción popular con la administración de la justicia”, organizada por el Juez de la Corte Suprema de aquella época, Warren Burger y llevada a cabo en abril de 1976.
En dicha oportunidad el profesor Sander describió lo que para él deberían ser los tribunales hacia el año 2000 señalando que para tal fecha no debían ser solo un juzgado sino más bien un “Centro de Resolución de Disputas”.
En este centro el solicitante sería canalizado a través de un funcionario encargado de analizar el caso y redirigido hacia el proceso o secuencias más apropiada de acuerdo a su naturaleza.
Desde entonces, el concepto se ha implementado con éxito en varios estados de Estados Unidos y se está introduciendo en varios países de Iberoamérica.
A este respecto, el ministro de Justicia ha emplazado a los responsables del sector jurídico a trabajar para “crear opinión” y ha propuesto llevar a cabo campañas informativas para impulsar la mediación intrajudicial y trasladar el mensaje a la ciudadanía de que se trata de una solución “posible e incluso deseable”.
“Ahí tienen mucho papel que desempeñar las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial”, explicó el ministro en su turno de respuesta y añadió que la búsqueda de soluciones pactadas y no necesariamente litigiosas le parece un buen eje de trabajo de futuro.
El ministro de Justicia se refirió específicamente a la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la cual pone sobre la mesa, dijo, las “herramientas normativas adecuadas” sin prejuicio que se pueda promover un “pequeña reforma” basada en la experiencia, dejando la puerta abierta a una modificación legislativa en relación a este tema.