Las agresiones a sanitarios son una lacra patente en los hospitales y centros de salud de toda España, ya sean públicos o privados. Una realidad que ha acabado por reconocer al médico del sistema estatal como “autoridad pública”, calificación de la que por el momento carecen los que ejercen en el ámbito privado. De esta diferencia, así como la influencia de estas agresiones en profesionales eventuales, además de otras cuestiones se ha hablado en este nuevo debate organizado por Sanitaria 2000. En él han participado Pilar Bartolomé, secretaria de Salud Laboral de CESM; Mar Rocha, portavoz del sindicato enfermero Satse; Ricardo De Lorenzo, socio-director de De Lorenzo Abogados; Jesús Aguirre, senador del Partido Popular; y Pablo Calvo, Director General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
¿Deben ser «autoridad pública» los sanitarios también fuera del centro de trabajo? No solo en el hospital o en el centro de salud.
Pilar Bartolomé, secretaria de Salud Laboral de CESM: Lo primero que se planteó fue si eran o no eran autoridad. Luego se planteó si había delito o no delito cuando se le agredían, y luego ya se ha ido poco a poco haciendo que la cosa se vaya asentando, aunque no está todavía del todo. ¿Si tiene que ser dentro y fuera? Sí, sí. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado de no ser nada a ser autoridad, luego hubo problemas que si funcionarios que si estatutarios. Al final fuimos funcionarios y al final lo que se está ahora desarrollando es la funcionalidad. Lo que siempre hemos peleado es que cualquier sanitario, no solamente médico, cualquier sanitario que está desempeñando una función sanitaria, sea del tipo que sea, debería de estar cubierto por eso.
Mar Rocha, portavoz del sindicato enfermero Satse: Desde Satse opinamos que esta figura de autoridad pública viene un poco disuadir aquellos agresores que pudiesen tener esa intención inicial. No debe ser nunca la primera medida, sino la última. En el tema de las agresiones, lo fundamental siempre viene a ser la prevención, la prevención de la agresión que parte desde la educación. Fuera del centro de trabajo deben seguir siendo autoridad pública, pensamos que siempre que tenga vinculación con su puesto de trabajo, por supuesto. Porque yo puedo acabar mi ejercicio profesional pero me pueden estar esperando en la calle.
¿Supone alguna extralimitación de competencias?
Ricardo De Lorenzo, socio-director de De Lorenzo Abogados: Primero tenemos que sentar este tema de la autoridad pública. En el ámbito penal siempre tiene que haber, para que exista un delito o una pena como consecuencia de ese delito, un bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido, y esto se entiende perfectamente, no es el acto médico, que el acto médico sería igual en el sector privado que en el sector público, sino que el principio jurídico protegido es el principio de autoridad, referido a este principio de autoridad a la facilitación del ejercicio de derechos de los ciudadanos y, en este sentido, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos. Por lo tanto, aunque no suene mal, porque en el fondo aquí quisiéramos todos que jugarán los principios laborales, esos de: a igual función, igual retribución. No son iguales, ni van a ser iguales, porque el bien jurídico no es el acto médico sino ese principio de la autoridad y eso es lo que va a establecer las líneas maestras de todos estos planteamientos sobre agresiones y atentados.
Jesús Aguirre, senador del Partido Popular: El Código Penal en su punto al final, en su artículo 550.1 pone: «Se hallan en el ejercicio sus funciones propias de su cargo o en ocasión de ellas, cualquier agresión de cualquier profesional sanitario como ocasión de ser profesional sanitario fuera de su centro de salud o de su hospital, si es como consecuencia del acto médico previamente establecido pues va a tener la misma condena, va a ser el mismo reo de atentado aquel que lo agreda, como consecuencia…”. Lo digo porque continuamente nos llegan denuncias, agresiones en las cuales a mí me han amenazado y me esperan en la puerta o en la puerta de mi casa y me agreden con violencia física o verbal. Esto está considerado como si te hubiesen agredido en el propio centro de salud o en el propio centro hospitalario.
¿Desde el poder ejecutivo?
Pablo Calvo, Director General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid: Hay que ir a la literalidad del artículo 550 del Código Penal pues dice que serán reos de atentados los que agredieren o intimidaren a los agentes o funcionarios públicos, eso también hay que matizarlo el concepto de funcionario público, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de esos cargos, o con ocasión de ellas. Estoy totalmente de acuerdo con Jesús, ese tema yo creo que está suficientemente asentado de tal forma que si alguien le agrede fuera del centro de trabajo pero como consecuencia de su actuación sanitaria en el centro de trabajo pues, evidentemente, la persona que le agreda es reo de atentado. Lo que pasa es que yo creo que en la reforma del 550 al final no acaba de resolver el problema en su totalidad. Porque, en principio, quedan fuera el personal de centros sanitarios privados y concertados.
¿Por qué no sé aplica también al personal sanitario de la privada y qué se puede hacer para que esto no sea así?
Pablo Calvo: No se aplica porque haría falta una nueva reforma del 550 del Código Penal, en principio, y además creo que hay un antecedente muy importante en la Comunidad de Madrid que es la ley 2/ 2010 del 15 de junio de autoridad del profesor, y ahí en esa ley califica como autoridad tanto a los profesores de los centros públicos como de los centros concertados y los centros privados y además establece que se debe respetar la autonomía de estos últimos centros, de los centros privados, para que establezcan sus propias normas de organización. Bueno, yo creo que ese es un aspecto que sí que está resuelto para el ámbito educativo pero no está resuelto para el ámbito sanitario. Y ese sería un tema a debatir y profundizar en él.
¿Llegan muchos conflictos de centros privados?
Pilar Bartolomé: Desde el año 1995 hay una ley, que es la ley de salud laboral, que te dice que la empresa tiene que proteger al trabajador con seguridad total, con lo cual no entiendo que se esté planteando a lo largo de estos años si la agresión es o no un accidente de trabajo o si es consecuencia o no de mi trabajo, o si me tiene que proteger la empresa o no. Todo esto es dar vueltas a una situación que por lógica cualquier persona a la que se lo comentas, sea jurídica o no, lo ve con claridad.
Ricardo De Lorenzo: Desde un punto de vista técnico, vamos a ver, efectivamente, chirría el que, a igual función, unos sean la autoridad, y por lo tanto sea un delito, y el otro no sea autoridad y pasa a ser falta. Insisto porque ese bien jurídico protegido es el principio de autoridad, no es el acto médico. Sí estoy de acuerdo en que las entidades concertadas deberían estar incluidas porque están dentro del organigrama de los servicios públicos. El camino serían esas leyes de autoridad de profesionales donde siguiendo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, incluyera no sólo a los profesores sino también a los médicos, tanto en el sector público como concertados como en el sector privado. Porque indiscutiblemente, las agresiones no distinguen del ámbito público ni de la calle ni del privado.
Mar, ¿cuál es vuestra recepción de casos en la privada?
Mar Rocha: Es verdad que además es un colectivo que está creciendo cada vez más, con lo cual estas mismas agresiones crecen un poco en la misma medida. Parece bastante comprensible que la concertada este ya dentro de esta protección y desde luego desde el Sindicato de Enfermería lo hemos venido denunciando en las diferentes mesas de negociación, tanto a nivel de comunidades autónomas como a nivel ministerial, que desde luego la protección tiene que ser extensible a todos los profesionales sanitarios, no se le puede excluir a uno dependiendo de su vinculación laboral.
Jesús Aguirre: Esto de que fuera una autoridad sanitaria eran utopías de cuando empezamos hace 15 años pero va todo progresando adecuadamente.
Ricardo De Lorenzo: Matizando en el tema que dices, efectivamente ha habido una evolución fantástica porque si nos remontamos a la sentencia del año 2007 del Tribunal Supremo, en el voto particular que hace el magistrado Martínez Arrieta, entiende que autoridad pública se entendería por las fuerzas de seguridad del Estado y que no pueden ser el resto de profesionales. Y fijaros la evolución a la que se ha llegado ya con la reforma…
¿La Consejería de Madrid tiene intención de ampliar la protección?
Pablo Calvo: Sí, lo que pasa que nosotros entendemos que si no se modifica el 550, las posibilidades que tenemos de actuación en este sentido, se limitan mucho. Quizá habría que cambiar el contexto de funcionario público a empleado público. Empleado público que entraría tanto en el personal funcionario como el personal laboral. En el Gregorio Marañón hay 5.000 laborales y 2.500 estatutarios.
Mar Rocha: Solo quería matizar que es verdad que parece que perdimos una oportunidad en aquel grupo de trabajo de agresiones a profesionales sanitarios que se hizo en el Sistema Nacional de Salud a través del Ministerio en el que participamos todas las comunidades autónomas, organismos oficiales, e incluso se invitó a universidades, estuvimos todas las organizaciones sindicales tanto CENS como SATSE, presentamos alegaciones incluso conjuntas pidiendo que esta autoridad pública se extienda más allá, o sea, todo profesional, ya no solo del ámbito público, o concertado, sino a todo profesional sanitario.
¿Se debería señalar de algún modo a los pacientes o acompañantes proclives a cometer una agresión?
Pablo Calvo: Bueno, hay una orden, la Orden 2012/2004, que es el plan de prevención de agresiones, que se elaboró en la Comunidad de Madrid, en el que de alguna manera se contempla ese tema, pero desde una perspectiva distinta, es decir, qué medidas se pueden adoptar contra los agresores profesionales. Plantear algún tipo de medida contra la persona, como consecuencia de una agresión y ya para siempre, no parece en principio muy razonable, no vemos que esa sea la línea.
Jesús Aguirre: La propia enfermera o del propio sanitario afectado, pide un cambio de cupo, se le cambia de cupo sin ningún problema. Pero quizá deberíamos de ahondar un poquito más, reforzar lo que son los derechos y los deberes de los pacientes. Los pacientes deben ser conscientes de que no son todo el derecho. Lo que pasa es que quizá, los políticos hemos acentuado demasiado los derechos y no le hemos dado a ver a los pacientes que tienen muchos deberes.
Mar Rocha: Desde luego, no puedo más que coincidir, no se puede criminalizar al usuario, es verdad que la medida de alejarle profesional, que sea otro el que le atienda disminuye la inseguridad del profesional a la hora de volver a enfrentarse a ese paciente. Pero es verdad que las medidas, volvemos al inicio, tienen que ser preventivas. No vale con simplemente alejar o criminalizar, en este caso al usuario, hay que usar medidas de formación, de educación.
Ricardo De Lorenzo: Estoy de acuerdo en el tema de la formación, es decir, primero será prevención, después formación y después concienciación. Que esto se ha logrado en otros sectores como el de las agresiones. Pero en el tema de formación tiene que ser muy amplio.
Pilar Bartolomé: Estando de acuerdo con todo lo que me ha precedido, insisto en que la ley de salud laboral del año 95, uno de su apartados dice que la empresa debe de informar al empleado de todos los riesgos que puede tener su profesión, y uno de los riesgos son las agresiones, informar y formar para prevenir dentro de su puesto de trabajo. Con lo cual, en algunos protocolos se tiene puesto que la historia clínica del paciente tenga un asterisco donde se indique que un día acudió armando follón o agrediendo.
La libertad de elección de médico, ¿choca con la libertad también del médico de aceptar a un paciente que, efectivamente, en un historial podría estar señalado porque ha tenido un conflicto previo con algún otro profesional?
Pilar Bartolomé: No existe problema porque la propia ley, hay la libre elección de médico, de enfermero, de hospital, de tratamiento, de todo, pero también dentro de esa propia ley el médico puede retrasar a un paciente, puede tanto como por el artículo 9 del Código de ética, como la propia ley de libre elección de médicos, el artículo 8b, puede rechazarlo.
Jesús Aguirre: La relación médico-paciente es lo que pivota en todo el tema este. Tiene que ser óptima, para un buen desarrollo y no en médico, en médico, en enfermería, auxiliar de clínica, es decir, profesional sanitario-paciente tiene que haber una relación de confianza, de confianza mutua para que esa confianza lleve aparejado desde el seguimiento al tratamiento hasta todo tipo de cosas. Si se pierde esa confianza por una agresión, coacción verbal,… el médico o el profesional sanitario, puede perfectamente decir que ese vínculo se ha roto y que ese paciente no se va a ver beneficiado de la puesta en marcha de tu trabajo como profesional sanitario.
Pero si ese paciente viene con un historial de agresiones previas que no ha recibido todavía ese sanitario ¿en qué situación queda el médico respecto al paciente?
Pilar Bartolomé: Mientras no haya una agresión, no haya una lesión, por mucho que tú hayas podido ser un agresor, no se le puede estigmatizar.
Pablo Calvo: Estoy absolutamente de acuerdo con lo que se está diciendo aquí. Creo que los créditos de formación, que desgraciadamente son escasos comparativamente con el presupuesto general, si hay algún aspecto que tienen que cuidar es precisamente este: intentar formar a todos los profesionales con talleres de entrenamiento, en habilidades de comunicación, en la gestión del estrés, en la gestión de las emociones, que son muy importantes.
¿Hasta qué punto otros trabajadores del sector sanitario que no sean médicos o enfermeros tienen derecho también a tener esta categoría?
Jesús Aguirre: Pienso que si se agrede a un médico, se agrede a una enfermera o a un auxiliar de clínica, se agrede a un celador, en mi centro de salud cuando viene una urgencia y tiene un problema, la connotación del punto jurídico para mí, dentro de mi ignorancia jurídica, es la misma. Es decir, son funcionarios que se hallan haciendo las funciones propias de su cargo.
Ricardo De Lorenzo: Vuelvo otra vez al voto particular que hacía el señor Martínez Arrieta, porque decía “hombre también el funcionario el que está en lo de los pasaportes, el que está en todas las ventanillas y al final resulta que este país va a ser un país de autoridades públicas”, entonces yo creo que sí se podrá extrapolar al personal funcionario dentro del organigrama de los servicios públicos.
Y como jurista ¿cree que se va a aplicar de verdad ese factor?
Ricardo De Lorenzo: Pienso que sí. Pero pienso que sí no diciéndolo con la boca ancha, porque creo que es fundamental lo que el director general planteaba de campañas de concienciación. Hay que concienciar realmente lo que es el acto médico.
Pilar Bartolomé: Discrepo porque se hace y nosotros hemos hecho campaña.
Ricardo De Lorenzo: Yo no la he visto a nivel de ciudadano de la calle. No hay una formación que también sea para los pacientes. Una cosa es la desaparición de paternalismo y estar en esa situación horizontal que es la que establece el convenio de Asturias de Bioética, la Ley 41/2002, y otra cosa es que, como usted no me diga lo que yo quiero, le doy dos bofetadas, ¡no, oiga!
Las campañas efectivas suelen ser a largo plazo, ¿qué se puede hacer desde la Administración?
Pablo Calvo: Como se soluciona o se intenta solucionar todos los problemas sociales. Esto es un problema social de primera magnitud. El hacer campaña de concienciación para la población en general diciendo ideas absolutamente claras y mensajes focalizados.
Mar Rocha: Creo que al final tiene que extenderse por toda la sociedad, ya lo decíamos en el grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad contra las agresiones. Tenemos que contar con todos los agentes sociales, con los consejos generales, con los sindicales, con las universidades, con las fundaciones desde la administración e incluso cuando hablamos de la formación de los profesionales que estén incluidos en los planes formativos de las propias universidades.
Jesús Aguirre: Voy a romper una lanza a favor de los colegios profesionales, llevan años, muchos años, hace ya 7 u 8 años en que hicieron el diagnóstico de problemas y donde la entrevista clínica se está dando uso continuo a los médicos. Pero lo que tú has dicho me parece muy interesante, hay que ir desde el principio, posiblemente las propias facultades de Medicina o las facultades de Enfermería.
¿Pueden resultar campañas políticamente incorrectas?
Mar Rocha: ¡No! Para nada.
Pilar Bartolomé: En absoluto. Satse y nosotros, los sindicatos médicos, que hemos sido los afectados mayormente, venimos haciendo campañas periódicas tanto a nivel de calle como en los centros sanitarios.
Mar Rocha: Además cómo ha calado durante décadas en las profesiones sanitarias el: «Yo no denuncio, sigo trabajando, que tengo muchas cosas que hacer».
Pilar Bartolomé: Sí, pero bueno, ese es otro tema que podría ser cuestión de otro debate también de ¿por qué no sé denuncia lo que realmente está pasando?
Es un buen momento para hablarlo, ¿no?
Pilar Bartolomé: ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te llega uno que ha sido agredido pero resulta que es interino, o sustituto, o está por horas, o está de búho y demás, si yo digo que me han agredido ya me van a poner el cartelito de: “¡soy una persona a la que pueden agredir, soy una persona débil y soy una persona no contratable!”. Con lo cual, ya me han plantado el cartelito de: «A este le pegaron, ese no que es conflictivo». Ya te ponen el cartelito de conflictivo en la propia empresa.
Jesús Aguirre: La Administración sanitaria ha ido progresando adecuadamente también, en el sentido de, si nos retrotraemos a los principios de este milenio del 2.000 y pico, donde se denunciaban las agresiones en el ámbito sanitario era en los colegios profesionales y en los institutos profesionales. La Administración sanitaria tenía esa autoridad que no sabía si proteger al profesional sanitario o proteger al usuario.
Pablo Calvo: Creo que el tema que ha planteado Pilar es un poco la clave de la cuestión, es decir, por qué un profesional agredido no denuncia, yo creo que ahora, y hablo en estos momentos, eso sucede muy poquito. Un profesional al que se le agrede, denuncia. Lo que tú has manifestado de que si denuncio y soy un eventual, no me van a contratar… eso no está sucediendo Pilar, eso no está sucediendo.
Pilar Bartolomé: Sí existe, sigue existiendo.
Pablo Calvo: Creo que no, y si hay algún tema que se pueda demostrar, yo os digo que lo trasladéis porque actuaremos.
Ricardo De Lorenzo: En esto tengo que darle la razón a Pilar por una sencilla razón, porque, efectivamente, ese agredido no deja de ser un problema para la Administración en un momento determinado. Y no sólo eso, sino que, si la Administración además está utilizando situaciones digamos atípicas, es decir, que pueden ser hasta consideradas en fraude de ley como es la utilización de contratos eventuales para soluciones estructurales generales, en virtud de las cuales, los tribunales europeos están condenando a España, pues ese médico agredido en el fondo dice: “Mira, yo lo que quiero es que mañana me cesan en ese contrato eventual y al día siguiente me vuelven a contratar”. Entonces prefiere no denunciar.
Mar Rocha: Es verdad que las agresiones físicas es como muy evidente, pasa como en la violencia de género, son tan evidentes que es verdad que se denuncian porque al final el compañero, si tú no te ves muy dispuesto, te dice:»¡Venga sí, hazlo!» Pero es verdad que la cantidad de agresiones verbales que hay en las injurias y demás se suelen pasar por alto. Es que muchas veces el profesional sanitario piensa que es parte de su trabajo, de verdad.
Pablo Calvo: Pero no porque sea interino, eventual o fijo.
Mar Rocha: ¡No! Pero es verdad que a raíz de lo de la temporalidad en el empleo, de la concatenación de contratos, la poca formación que llega al profesional cuando uno es eventual muchas veces no tiene acceso a esa formación. Cuando entra por primera vez no se le informa de cuáles son los riesgos de su puesto de trabajo. Esto es una generalidad, y estamos hablando de todas las comunidades autónomas, pero eso está pasando.
Pilar Bartolomé: Aquí ocurre igual que en los accidentes de trabajo, en la enfermedad o en las bajas. Hay un ‘presentismo’ en el sentido de: “Voy a ir a trabajar aunque me peguen, porque es que si no, no trabajo”. A lo mejor a nivel de despacho no lo notáis pero a nivel de calle si se nota, y como decía mi compañera, cuando tú llegas a un sitio con el ojo así, dicen: «Le han pegado», pero cuando llegas todos los días diciendo: «Oye que me pegan, oye que me pegan » dicen: «Ya está la pesada esta aquí que dice que me han pegado». Eso sí, tienes un ejemplo, hay un protocolo integral para la violencia de género para aplicar a toda España, ¿dónde está el protocolo integral para la agresión a los sanitarios? Yo no le he visto.
Conclusiones del debate
Pablo Calvo: En Madrid hay un protocolo.
Pilar Bartolomé: ¿Integral, para toda España igual? Para homogenizar, para poder distribuir igual. Yo no quiero 17 protocolos.
Jesús Aguirre: De todas formas, yo no creo que ahora haya más agresiones y más coacciones y más agresiones verbales que había hace 10 o 15 años, que era el punto álgido.
Pilar Bartolomé: Mira, tienes un dato: 70.000 agredidos en los últimos 10 años.
Pablo Calvo: Se registran cada vez más, porque claro hay que establecer un sistema de registro. Registro que la Comunidad Autónoma de Madrid lo tiene, que es el Rimac, y que lleva funcionando muchos años.
Pilar Bartolomé: Es un registro que no es real.
Pablo Calvo: Es que hay que dimensionar los problemas, si no los registras, no los puedes medir.
Pilar Bartolomé: Sí, en eso estamos de acuerdo.
Pablo Calvo: Por lo tanto, ese es el tema fundamental. Y yo, si me permitís con el tema de si esto afecta solamente a los sanitarios o a todos, para mí es evidente que tiene que afectar a todos, a todos los profesionales del sistema. Y es más, es que hay que recordar que una de las últimas agresiones que hubo en Madrid en el Centro de Salud “El Naranjo”, fue precisamente a los auxiliares administrativos y al celador que estaban en el mostrador.
No nos queda tiempo, por lo que os pido una ronda de conclusiones.
Mar Rocha: La protección tiene que darse a todos los profesionales, tanto del sistema público como del privado en el ejercicio de su trabajo, y como consecuencia de ello, porque deben tener la misma consideración. No se debe estigmatizar al usuario, no es nuestro enemigo, ni mucho menos, pero si le debemos informar a través de esas campañas de sensibilización que hablábamos antes. La falta de plantilla, ya la hemos hablado, pero también esa eventualidad en la contratación hace que la formación no llegue de la misma manera. Formación que actualmente, además las enfermeras muchas veces se tienen que costear ellas mismas.
Jesús Aguirre: Sobre todo transmitir que la agresión es una anormalidad dentro de lo que son las relaciones normales entre los profesionales sanitarios y los pacientes, que el 99,9 por ciento de las consultas se hacen un ambiente de empatía y de evaluación médico o profesional sanitario-paciente óptimo. Yo creo que ha sido un punto de inflexión el cambio del artículo el Código Penal del artículo 550 y que por supuesto todo pivota sobre dos cosas, vamos a hablar de: formación y prevención. Y tolerancia cero.
Pablo Calvo: Creo que este debate centra un problema que es real, que existe, y que tenemos que acometer con todas nuestras fuerzas, es decir, la Administración no puede permitir que haya situaciones de agresión que no tengan consecuencias. Eso tiene que estar debidamente protocolizado y se tiene que actuar inmediatamente y proteger jurídicamente al agredido. Una vez dicho esto, son importantes las campañas de concienciación a la sociedad, porque esto es un problema social y sanitario.
Ricardo De Lorenzo: Sería deseable que la última reforma del Código Penal, a pesar de haberse incorporado este artículo en el que se equipara el delito de atentado en las agresiones a los profesionales, puede ser perfeccionada. En el sentido de no dejar lagunas como las que aquí a lo largo del debate hemos tenido oportunidad de entrever. Y por último, prevención, formación y concienciación. Y como dice Jesús Aguirre, tolerancia cero.
Pilar Bartolomé: Yo pediría al nuevo ministerio que reactivara ese grupo de trabajo de agresiones sanitarias para hacer el protocolo integral de agresiones, que se aplique uniformemente a las 17 comunidades, que se tuviera un tratamiento con denominación “violencia social” y que las sentencias y los juicios fueran rápidos.