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D. Ricardo Noval Melián y D. E. Torres
RESUMEN
La Ley General de Sanidad, en su artículo 10, regula
el Consentimiento informado:
"Obligación de facilitar información completa
y continuada sobre el proceso de diagnóstico y alternativas de tratamiento".
Hasta la promulgación de dicha Ley, los Facultativos,
tras analizar las circunstancias personales del enfermo (psicológicos,
culturales, etc.) y dependiendo del tipo de patología (es diferente
la información a una enferma que va a ser intervenida de una prótesis
de mama, que a otra que va a ser sometida a una cesárea urgente),
facilitaban la información necesaria para que el enfermo tomase
conciencia de su enfermedad y participase en las decisiones terapéuticas.
Actualmente la situación es muy diferente. Una
información, continuada y completa, obliga al facultativo a explicar
cualquier complicación que se pueda producir. Según publica
D. Ricardo de Lorenzo en Noticias Médicas (nº 3627. Septiembre
del 96), "la información debe ser extensa, clara, continuada y por
escrito". Conclusiones que, aunque extraídas de la sentencia a la
que hace referencia este artículo, basada a su vez en la Ley General
de Sanidad, nos parecen muy graves. La información planteada de
esta forma perjudica de forma importante a los enfermos. Si seguimos estos
planteamientos, vamos a conseguir dos objetivos: en primer lugar asustar,
ensombrecer el pronóstico y amedrentar, en la mayoría de
las casos sin razón, y en segundo lugar vamos a originar una nueva
patología, la del enfermo al que se le informa de todas las complicaciones
posibles, y que por ese motivo las padece con mucha más frecuencia.
En resumen, el Facultativo se encuentra ante un gran dilema:
sigue el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, y las últimas
sentencias judiciales, con lo que sabe que puede estar haciendo un gran
daño al enfermo, o se basa en su código deontológico
e informa sólo de lo necesario, con lo que sabe que se puede estar
haciendo un gran daño a sí mismo.
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