La Ley de Dependencia acaba de cumplir diez años desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la aprobara como una de sus medidas sociales estrella. Sin embargo, el apoyo económico a las familias con un dependiente no siempre llega a su destino final. Muchos hijos han luchado en los tribunales para que la Justicia les concediera lo que era suyo, el dinero que durante años fueron adelantando para los cuidados de su padre o madre y que a pesar de tenerlo aprobado nunca llegó.
Son casos de familias que al fallecer la persona que necesitaba esos cuidados, las administraciones regionales se limpiaban las manos y entendían que una vez fallecido, ya no hacía falta pagar lo que le correspondía y que llevaba años esperando. La Justicia ha resarcido a esos familiares que han tenido que acabar en los tribunales para recibir lo que ellos consideraban que era suyo después de que les hayan corroborado que la Adminsitración ha cometido “evidentes irregularidades” al negarles esa ayuda.
Gran parte de las sentencias dictadas entre los años 2015 y 2016 dan la razón a las familias y obligan a pagar a las comunidades autónomas a los herederos desde que la persona afectada solicita el reconocimiento de un grado de dependencia hasta su fallecimiento. En la mayoría de estos casos, los tribunales superiores de justicia fijan como el momento para empezar a pagar la fecha en que el dependiente pide que se le reconozca su dependencia.
Sin embargo, no todas las resoluciones han llevado el mismo camino y en algunos casos se ha dado la razón a las consejerías de Bienestar Social o de Asuntos Sociales de las comunidades autónomas.
Es el caso del padre de la madrileña Carmen Molina, quien murió dos años después de sufrir un ictus que lo dejó en una situación de dependencia máxima. Así lo certificó el primer informe que calificó su estado con el mayor grado de dependencia que recoge la ley. En ese tiempo: “silencio administrativo”, “desesperación” y más de 7.000 euros pagados de sus bolsillos en cuidadores y fisioterapeutas, pese a que la norma establecía que debían recibir una ayuda económica. Seis años después de su fallecimiento, sus hijos no han sido resarcidos por la Justicia y no han visto ni un sólo euro.