La legalidad en rescates de concesiones administrativas también ha tenido su espacio en el XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Una cita en la que Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud, ha reconocido que le da “lástima que los prejuicios ideológicos estén por encima de los científicos”. Se refería al interés de la Generalitat valenciana por suprimir las concesiones administrativas que esta mantiene con su grupo, a pesar “de ostentar una larguísima trayectoria avalada por los altos porcentajes de satisfacción de los pacientes”. “No es lógico suprimir algo que funciona y si se hace es porque en realidad se trata de un debate político”, ha aseverado el directivo.
De Rosa ha recordado que la apuesta de algunas comunidades por el fin de los acuerdos con la sanidad privada “no se trata de un debate regional ni nacional sino que supone un reto en los sistemas sanitarios de todo el mundo”. En eso, España no es ajena, inmersa en procesos de supresión “que cuestan el despido de cientos de trabajadores, en los que además hay una gran falta de respeto en las formas”. “Esta demonización crea un marco de inseguridad, restringe los servicios sanitarios y genera desconfianza en el exterior dejando en el aire futuras inversiones”, ha matizado.
El representante de Ribera Salud, que ha moderado la mesa, no ha querido dejarse en el tintero que su grupo publicó en 2013 un decálogo de buenas prácticas en las concesiones público-privadas. En él se incluía “que a mayor número de concesiones, hay que tener mayor control público”. Eso sumado a los buenos resultados que el grupo ha ido demostrando en satisfacción del paciente, listas de espera… “En un país normal, nuestras estrategias se estudiarían para llevarlas al sector público; por eso quizá es el momento de decidir en qué país queremos vivir”, ha sentenciado antes de dar la palabra al resto de ponentes.