Los riesgos del big data serán contenidos por medio de órganos de vigilancia específicos, conforme ha vaticinado la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha Mercedes Serrano y ha ratificado la secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Margarita Alfonsel, quien ha reclamado una Comisión Permanente dedicada a este asunto en el seno del Consejo Interterritorial (CI).
Serrano, por su parte, ha basado su anuncio en la experiencia del VISC + en Cataluña, la única comunidad autónoma que ha intentado implantar una plataforma de almacenamiento masivo de datos a disposición de las autoridades e incluso de las empresas. “Esas empresas no deberían acceder a un big data de la sanidad pública”, ha señalado. En su opinión, deberían definirse funciones concretas de la plataforma controladas por esos órganos de vigilancia.
Según ha recordado, el big data se define en Derecho como la acumulación masiva de datos sanitarios. A partir de esta realidad, el cometido de las ciencias jurídicas no es otro que proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos que se vean vulnerados por esa capacidad de almacenamiento y procesado de la información.
En su turno de palabra, Alfonsel ha reforzado el anuncio de Serrano al enumerar una serie de órganos de control del big data que esta institución ha propuesto en un informe de consenso, elaborado este mismo año, en el contexto de una estrategia nacional creada al efecto por el Ministerio de Sanidad.