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Legislación de Baleares |
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COMUNIDAD
AUTÓNOMA ILLES BALEARS PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO LEY
5/2003 DE 4 DE ABRIL, DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS. EL
PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS Sea
notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha
aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el
artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la
siguiente: EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS I En
el ordenamiento jurídico español, el derecho a la protección de la salud
viene expresamente reconocido en la Constitución, que atribuye a los
poderes públicos la organización y la tutela de la salud pública a través
de las medidas que se consideren oportunas, tanto en su vertiente
preventiva, como en la de prestación de asistencia sanitaria propiamente
dicha. Este reconocimiento constitucional se ha plasmado en la Ley 14/1986,
general de sanidad, de 25 de abril, que, con carácter básico, recoge todo
el conjunto de acciones y dispositivos encaminados a la protección de la
salud, y destaca el protagonismo y la suficiencia de las comunidades autónomas
en la articulación de una política propia en materia sanitaria. Pero, no
es solamente la Ley general de sanidad quien establece el marco normativo de
protección de la salud, también lo hace la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de
abril, de medidas especiales en materia de salud pública, que faculta a las
administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, para
adoptar las medidas excepcionales de intervención sanitaria en situaciones
de necesidad o de urgencia. En
el ámbito de las Illes Balears, el Estatuto de Autonomía atribuye a la
comunidad autónoma, en el artículo 10.14, la competencia exclusiva en
materia de sanidad. Asimismo, el artículo 11.5 del mismo texto legal le
atribuye el desarrollo legislativo y la ejecución de la coordinación
hospitalaria, incluida la de la Seguridad Social, y la ordenación farmacéutica.
Todo esto sin olvidar la función ejecutiva del artículo 12.8 sobre la
gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Al amparo de los
títulos competenciales mencionados, se pretende recoger en una norma de
rango legal todas las acciones relacionadas con la salud de los ciudadanos,
de manera integral e integrada, y empezar por la formulación de los
derechos de los usuarios frente a los procesos asistenciales en el área
sanitaria, para continuar con la ordenación de los recursos sanitarios de
las Illes, territorialmente y de manera funcional, y finalizar con las
acciones del sistema sanitario público de las Illes Balears. Previamente,
el Parlamento de las Illes Balears había creado el Servicio Balear de la
Salud, mediante Ley 4/1992, de 15 de julio, como un sistema único y
armonizado de todos los recursos, los centros y los servicios del ámbito
geográfico de las Illes Balears, con la meta de conseguir la integración,
la desconcentración, la simplificación, la racionalización y, en
definitiva, una optimización máxima de los servicios sanitarios existentes
o futuros. Ciertamente, el retraso en la transferencia de los servicios y de
las funciones de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en nuestra
comunidad produjo cierta obsolescencia en la Ley del Servicio Balear de la
Salud, además de regular únicamente el Servicio, sin contemplar otros
aspectos esenciales en materia de protección de la salud. Por este motivo
la ley de 1992 y las modificaciones a la misma introducidas por la Ley
20/2001, de 21 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
función pública, son sustituidas por ésta, integrándose la regulación
del Servicio de Salud en un texto más ambicioso que regula todas las
acciones de los poderes públicos dirigidas a la protección de la salud. En
el marco de las competencias asumidas en el Estatuto, la Ley de Salud de las
Illes Balears se configura como el instrumento normativo más importante de
la comunidad autónoma para articular el compromiso con los ciudadanos, de
cara a la protección de un aspecto tan esencial de la persona como es la
salud. La
ley tiene como eje central la atención de la salud del ciudadano en todas
sus vertientes, desde la educación para la salud, las acciones preventivas,
las medidas públicas de protección de la salud individual y colectiva,
hasta la atención de la enfermedad, la rehabilitación funcional y la
reincorporación social del paciente. La
Ley de Salud de las Illes Balears trata de recoger los aspectos más
interesantes de las regulaciones comparadas, adaptados naturalmente a la
realidad social, geográfica y sanitaria de las Illes, especialmente en la
estructuración del modelo organizativo. Pero,
la Ley de Salud de las Illes Balears no se limita a la regulación del
Servicio autonómico de salud, ni solamente a la formulación de la ordenación
sanitaria de las Illes Balears. Con una vocación más ambiciosa, pretende
ser un instrumento normativo que regule todas las acciones de los poderes públicos
relacionadas con la salud, pero no sólo de éstos. También el sector
privado se ve implicado en una tarea tan importante como la que la ley
pretende: la protección de la salud antes de que aparezca la enfermedad y
su restablecimiento, en caso de pérdida. El derecho a la protección de la
salud se configura como un derecho reconocido constitucionalmente que
requiere un desarrollo legal en el ámbito de las Illes Balears, en sintonía
con la regulación establecida en la Ley general de sanidad para todo el
Estado, como norma de carácter básico para todas las administraciones
sanitarias del territorio nacional. III
Previamente
a la regulación de las acciones encaminadas a la protección y al
restablecimiento de la salud es necesario plasmar los principios
informadores en los que se fundamenta la articulación del derecho a la
protección de la salud en el sistema sanitario público de las Illes
Balears, cosa que se recoge en el título preliminar, además de identificar
el objeto y el ámbito subjetivo de aplicación de la ley. En
el título I se detallan los derechos y los deberes de los ciudadanos en el
ámbito sanitario. Este título empieza por los titulares de los derechos,
para continuar con la regulación de los derechos básicos de todos
relativos a los servicios sanitarios y de salud de las Illes Balears, como
garantía del principio constitucional de protección de la salud. En el capítulo
III de este título se contienen los derechos específicos de los usuarios
de los centros asistenciales, desde el momento previo al nacimiento hasta la
muerte. Destacan los derechos en relación con el nacimiento, la intimidad y
la confidencialidad, la nueva regulación del documento vital y del
consentimiento informado, sin olvidar los derechos de los colectivos
merecedores de especial protección, los de los enfermos mentales, y el
derecho a la historia y a la documentación clínica. El capítulo IV
contiene la formulación de los derechos de los usuarios de los servicios
sanitarios públicos como complemento de los derechos generales establecidos
en el capítulo II, y regula las funciones del defensor de los usuarios como
órgano de garantía de estos derechos. Finalmente, en el capítulo V se
formulan los deberes de los usuarios de los servicios sanitarios. IV
El
título II de la ley regula el sistema sanitario público de las Illes
Balears como el conjunto de recursos, normas, medios organizativos y
acciones orientadas a satisfacer el derecho a la protección de la salud. El
Gobierno y la administración sanitaria son los entes encargados del
funcionamiento del sistema. El
sistema sanitario público de las Illes Balears, como parte del Sistema
Nacional de Salud, tiene como fines primordiales la mejora general en el
estado de la salud de la población, mediante la promoción de la educación
para la salud, la prevención, la planificación de las acciones y la
prestación de una atención integral y personalizada. Para conseguir estos
fines, las administraciones públicas competentes, establecidas en las Illes
Balears, desarrollarán toda una serie de acciones dirigidas a proteger la
salud antes de que aparezca la enfermedad y a la atención sanitaria
posterior, que se complementarán con actividades de docencia, investigación
y formación, además de la evaluación y el control de la calidad de los
servicios sanitarios. Todas estas acciones se dirigen a conseguir la
finalidad primordial de la ley. V
El
capítulo III del título II regula el Plan de Salud de las Illes Balears,
que se configura en la ley como el instrumento estratégico principal de
planificación y coordinación sanitaria, que se complementará con el Plan
socio-sanitario –de carácter intersectorial- así como con otros planes
de desarrollo de aspectos más concretos de la actuación sanitaria (del
SIDA, de drogas, de salud mental). Como
instrumento estratégico, el Plan de Salud establece las líneas a
desarrollar por las estructuras correspondientes, tanto sanitarias como
ajenas al sector. El
objetivo final es la asunción de los compromisos que involucren a sectores
sociales, profesionales y políticos. El
capítulo IV prevé la existencia y las funciones de los órganos de
participación comunitaria en el sistema sanitario público de las Illes
Balears, especialmente el Consejo de Salud, que se adscribe a la consejería
competente en materia sanitaria, como órgano colegiado superior de
participación comunitaria y de consulta del sistema sanitario público. Las
competencias y funciones de las diversas administraciones públicas que actúan
en materia sanitaria en el territorio de las Illes Balears, vienen recogidas
en el título III de la ley, que empieza definiendo las competencias del
Gobierno y de la Administración de la comunidad autónoma (capítulo I), y
acaba, en el capítulo II, con las competencias de los entes territoriales
de las Illes Balears. Estas competencias se desarrollan de conformidad con
lo que dispone el Estatuto, la Ley general de sanidad, las leyes de consejos
insulares y de régimen local, y dentro del marco del Plan de salud. VII
El
título IV regula la intervención pública en relación con la salud
individual y colectiva, la función inspectora y la potestad sancionadora en
materia sanitaria de manera estructurada en dos capítulos. En el primero se
definen las funciones del personal que realiza funciones inspectoras y se
determina el carácter público de las actas y diligencias inspectoras,
mientras que en el capítulo II se regula el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración sanitaria autonómica y todo el régimen
de infracciones tipificadas y sanciones en materia sanitaria, además de la
posibilidad de adoptar medidas cautelares por el órgano sancionador como
garantía del cumplimiento de los deberes y de las obligaciones establecidas
en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico sanitario. VIII
El
eje principal de la organización sanitaria pública de los servicios
sanitarios de las Illes se estructura en el título V, donde se regula el
Servicio de Salud de las Illes Balears como ente público, de carácter autónomo,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena capacidad
de actuar y al que se encomienda la gestión de los servicios públicos
asistenciales. Este Servicio de Salud se adscribe a la consejería
competente en materia sanitaria. La ley establece en general los objetivos
fundamentales que persigue y la relación con el ente matriz. La
estructura y la organización del Servicio de Salud, contenidas en el capítulo
II, definen los órganos superiores de dirección y gestión del ente: el
Consejo General, el director general y el secretario general. El régimen
jurídico del Servicio de Salud lo establecen esta ley y sus estatutos, y la
representación y la defensa en juicio se atribuyen a los abogados que se
integren en la escala correspondiente
del cuerpo superior de abogados de la Administración de la comunidad autónoma,
sin perjuicio de habilitar a abogados colegiados para supuestos específicos. El
régimen presupuestario que se configura en la ley en el capítulo IV,
permite al Servicio contar con su propio presupuesto, y desde el punto de
vista financiero se prevén medidas de control permanente por parte de la
Intervención de la comunidad autónoma. El
capítulo V del título V recoge la ordenación funcional de los servicios
asistenciales, estructurada en los niveles de atención sanitaria primaria,
especializada y de urgencias. La atención primaria es el primer nivel de
asistencia, mientras que la especializada es el segundo nivel. Éste está
configurado por la red hospitalaria pública de las Illes Balears, que también
se estructura en diversos niveles de hospitales, en función de la
especialización y la complejidad de los procesos de que disponen. El título
acaba con el capítulo VI, dedicado a las relaciones con la iniciativa
privada, que se articula alrededor del concierto, como modalidad consolidada
de colaboración del sector privado en la prestación de los servicios públicos. IX
La
ordenación sanitaria territorial del sistema sanitario público de las
Illes es objeto de tratamiento en el título VI, donde se detalla la
organización del Servicio de Salud en áreas de salud, como estructura básica
del sistema, en sectores sanitarios y en zonas básicas de salud. Al
Servicio de Salud se le encomienda la responsabilidad en la gestión
unitaria e integrada de los centros y servicios que de él dependen, así
como las prestaciones y los programas sanitarios a desarrollar. Las áreas
de salud se estructurarán en los órganos de participación, dirección y
gestión que determinen los estatutos del Servicio. Las áreas de salud se
podrán dividir territorialmente en sectores sanitarios, respondiendo a la
necesidad de que la ordenación territorial resulte operativa y funcione con
eficacia. Cada
una de las áreas dispondrá de un hospital público para garantizar la
atención especializada a los ciudadanos. Por otra parte, las zonas básicas
de salud son el marco territorial y poblacional fundamental para la ordenación
de los servicios de atención primaria sanitaria. En
conclusión, la Ley de salud de las Illes Balears configura un sistema público
de salud universal, gratuito y solidario, que pretende ordenar todos los
recursos sanitarios de manera eficiente, teniendo en cuenta las
peculiaridades de las Illes Balears, donde históricamente hemos sufrido
graves carencias de recursos en la red pública, mitigadas en parte por el
recurso al doble seguro. En
el proceso de elaboración, se ha sometido a consulta de los sectores
implicados y de toda la ciudadanía, a través de Internet. Sin olvidar la
consulta al Consejo Económico y Social, como ente institucional que tiene
la representación de los sectores sociales. La
Ley de salud tiene vocación de permanencia y ha procurado ser flexible para
adaptarse a las situaciones futuras sin traumatismos, configurándose como
un instrumento al servicio de todos los ciudadanos de las Illes Balears. TÍTULO PRELIMINAR Artículo
1. Objeto 1.
La presente ley tiene por objeto la ordenación y la regulación del sistema
sanitario para hacer efectivo, en el ámbito territorial de las Illes
Balears, el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo
43 de la Constitución. 2.
En particular, esta ley: a)
Define y garantiza los derechos y los deberes de los ciudadanos en el ámbito
sanitario. b)
Configura el marco jurídico fundamental del sistema sanitario público. c)
Delimita las competencias de las administraciones públicas en materia de
sanidad. d)
Regula la función inspectora y la potestad sancionadora en materia
sanitaria. e)
Establece las reglas básicas de la organización y el funcionamiento del
Servicio de Salud de las Illes Balears. Artículo
2. Ámbito subjetivo de aplicación Esta
ley se aplica: a)
A los ciudadanos residentes y a los no residentes, con independencia de su
situación legal o administrativa. b)
A las administraciones públicas de las Illes Balears. c)
A cualquier otra persona jurídica, cuando así se establezca en esta ley. Artículo
3. Principios Informadores La
regulación contenida en esta ley se inspira en los siguientes principios: a)
Universalización de la atención sanitaria para todos los ciudadanos de las
Illes Balears. b)
Concepción integral de la salud, de forma que comprenda actividades de
promoción, educación sanitaria, prevención, asistencia, rehabilitación,
investigación y formación, teniendo en cuenta los aspectos biológicos,
psicológicos, sociales y ecológico-ambientales. c)
Equidad y superación de las desigualdades territoriales y sociales en la
prestación de los servicios, dar prioridad a la eficiencia social y
favorecer a los colectivos más desprotegidos. d)
Eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos sanitarios, con
incorporación de la mejora continuada de la calidad, mediante la acreditación
y la evaluación continuada. e)
Descentralización, desconcentración, coordinación y responsabilidad en la
gestión, de acuerdo con una concepción integral e integrada del sistema
sanitario balear. f)
Participación comunitaria en la formulación de la política sanitaria, a
través de los derechos de información y participación. g)
Participación de los profesionales en la organización y en el uso racional
de todos los recursos necesarios para la buena práctica clínica, basada en
la evidencia científica. h)
Cooperación intersectorial como elemento de cohesión de las políticas de
todos los sectores con responsabilidad en la salud. i)
Consideración del medio ambiente como un factor de incidencia sobre la
salud individual y colectiva. j)
Orientación del sistema sanitario a los ciudadanos, estableciendo los
mecanismos adecuados para el ejercicio de los derechos que esta ley les
reconoce. k)
Humanización de la organización sanitaria. TÍTULO
I DERECHOS
Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS Capítulo ITitulares de los derechos y deberes Artículo
4. Titulares de los derechos y deberes 1.
Sin perjuicio de lo que prevé la legislación básica estatal, y con
independencia de su situación legal o administrativa, son titulares de los
derechos y deberes definidos en esta ley, en los términos establecidos en
este título: a)
Los españoles y los extranjeros residentes en cualquiera de los municipios
de las Illes Balears. b)
Los españoles y los extranjeros no residentes en las Illes Balears que
tengan establecida la residencia en el territorio español, con el alcance
determinado por la legislación estatal. c)
Los nacionales de los estados miembros de la Unión Europea, respecto de los
derechos que resulten de la aplicación del derecho comunitario europeo y de
los tratados y convenios suscritos por el Estado español que les sean de
aplicación. d)
Los nacionales de los estados que no pertenecen a la Unión Europea,
solamente respecto de los derechos que les reconozcan las leyes, los
tratados y los convenios suscritos por el Estado español con sus países de
origen. 2.
A pesar de lo que se prevé en el apartado anterior se garantizará en todo
caso, a cualquier persona la atención sanitaria en situaciones de urgencia,
prestada por los profesionales. 3.
En el supuesto previsto en el punto anterior, se facturarán los costes y
gastos ocasionados al beneficiario o tercero responsable, en su caso. Capítulo
II Derechos
básicos Artículo
5. Derechos básicos 1.
En los servicios y centros públicos y privados todos tienen los derechos
siguientes: a)
A la asistencia sanitaria en los términos establecidos en esta ley. b)
Al respeto a la intimidad y a la personalidad, a la dignidad humana y a ser
atendido sin ningún tipo de discriminación. c)
A obtener información sobre los diversos servicios sanitarios a los que se
puede acceder, como también sobre el coste económico de las prestaciones y
los requisitos para su uso. d)
A obtener, en todos los centros y servicios sanitarios, copia de la carta de
derechos y deberes por la que se ha de regir la relación del usuario con éstos. e)
A realizar reclamaciones por el funcionamiento de los servicios sanitarios y
a hacer sugerencias, así como a recibir una respuesta en los términos
previstos reglamentariamente. f)
A ser informados adecuadamente, en términos comprensibles, de los factores,
de las situaciones y de las causas de riesgos para la salud individual y
colectiva. 2.
Asimismo, todos tienen derecho a recibir información sanitaria en la forma
más idónea para su comprensión y en una de las lenguas oficiales de la
comunidad autónoma, y asegurarse de que aquella sea inteligible por los
pacientes. 3.
A pesar de lo que dispone el punto anterior, y en la medida en que la
planificación sanitaria lo permita, los centros y servicios sanitarios
implantarán los medios necesarios para atender las necesidades lingüísticas
de los usuarios extranjeros. Capítulo
III Derechos
específicos de los usuarios en los centros asistenciales Artículo
6. De los derechos específicos en los centros asistenciales Además
de los derechos reconocidos para todos por esta ley, los usuarios de los
centros asistenciales de titularidad pública o privada tienen también los
derechos reconocidos en este capítulo. Sección
1ª Derechos
en relación al nacimiento Artículo
7. Derechos de la madre La
mujer, durante la gestación, el parto y el puerperio tiene derecho a: a)
Obtener información continuada, completa y adecuada sobre la evolución del
embarazo, parto y postparto y estado de su hijo, expresada en términos
comprensibles. b)
Recibir una atención prenatal adecuada y una educación maternal efectuada
por un profesional capacitado y estar acompañada por una persona de su
confianza durante el preparto, parto y postparto, excepto causa
suficientemente justificada. c)
Ser informada adecuadamente de las diferentes opciones de parto, ya sea
natural, con anestesia, mediante cesárea o cualquier otra modalidad, con
las ventajas y los inconvenientes de cada opción; ser la protagonista de la
decisión del tipo y de la modalidad del parto que desea con el
asesoramiento de los profesionales sanitarios; decidir sobre las
intervenciones no estrictamente necesarias desde un punto de vista clínico,
excepto en los casos en los que la urgencia de la situación lo impida. d)
Escoger durante el parto y el postparto un único profesional referente de
su caso, cuando sean más de uno los profesionales que la atienden. e)
Tener al recién nacido a su lado desde el momento del nacimiento y durante
toda su estancia hospitalaria, siempre que la salud de ambos lo permita;
obtener copia del informe de alta con todos los datos del parto y el resumen
del estado neonatal. f)
Obtener de la organización del hospital los recursos necesarios para
facilitar la lactancia materna, de acuerdo con las recomendaciones de las
autoridades sanitarias; obtener información sobre otro tipo de alimentación
cuando la lactancia materna no sea posible o bien no sea la opción elegida. g)
Atención domiciliaria durante y después del parto, en su caso. h)
Que se respeten las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
a todas las mujeres que así lo soliciten. Artículo
8. Derechos del recién nacido A
los recién nacidos se les reconocen los siguientes derechos: a)
A recibir un tratamiento respetuoso y digno, así como a ser identificado
inmediatamente mediante las medidas que se consideren adecuadas. b)
A tener un único referente médico, a ser explorado después del nacimiento
por un médico especialista en pediatría y a que se le realicen las pruebas
de
detección neonatal; si su estado de salud así lo requiere, a ser atendido
por personal cualificado con los medios técnicos adecuados y a que se le
facilite la estimulación precoz en caso de tener alguna minusvalía. c)
A no ser sometido a ningún examen o intervención cuyo propósito sea la
investigación, excepto con el consentimiento expreso y por escrito de sus
padres o, en su caso, de los representantes legales. Artículo
9. Derechos comunes de las madres y los padres Los
padres y las madres de los recién nacidos, en relación con la asistencia
sanitaria regulada en esta ley, tienen derecho a: a)
Recibir la información comprensible, suficiente y continuada sobre el
proceso o la evolución de su hijo o su hija, incluido el diagnóstico, el
pronóstico y las opciones del tratamiento, así como también sobre las
curas eventuales que reciba el niño o la niña. b)
Tener acceso continuado a su hijo, si la situación clínica lo permite, así
como participar en la atención y en la toma de decisiones relacionadas con
la asistencia sanitaria que ha de recibir. c)
Recibir el informe de alta y la información y el asesoramiento necesarios
para el seguimiento del proceso tanto del hijo como de la madre, para su
integración en la red sanitaria y para la obtención de los recursos
sociales de apoyo, si fuese necesario. Sección
2ª Derecho a la intimidad y a la confidencialidad Artículo 10. Derecho a la intimidad1.
El derecho a la intimidad del paciente se concreta en el respeto a la
confidencialidad de los datos que hacen referencia a su salud y a la
asistencia o al tratamiento. Las personas que no estén autorizadas
debidamente no pueden acceder a estos datos. 2.
Los centros sanitarios han de adoptar las medidas oportunas para garantizar
el derecho a la intimidad. A estos efectos han de elaborar normas y
procedimientos protocolizados para garantizar el acceso a los datos de los
pacientes. 3.
El personal de los centros y servicios sanitarios sólo podrá desvelar los
datos relativos a procesos asistenciales de los pacientes en los casos
legalmente previstos. Artículo 11. Derecho a la información asistencial1.
El paciente tiene derecho a que se le facilite en términos comprensibles
información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso,
incluidos el diagnóstico, el pronóstico y las opciones de tratamiento. No
obstante, se respetará la voluntad del paciente a quien se le ofrecen las
alternativas siguientes: -
No querer ser informado. -
Darle la posibilidad de decidir entre las distintas opciones terapéuticas
del centro. -
Renunciar al tratamiento. -
Autorizar expresamente a otra persona para recibir esta información. 2.
El médico responsable del paciente ha de garantizar el cumplimiento del
derecho a la información. Los profesionales asistenciales que le atienden y
le aplican una técnica o un procedimiento concreto también han de asumir
la responsabilidad en el proceso de información al paciente. 3.
El paciente tiene derecho a ser advertido de las posibilidades de utilización
de los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en
un proyecto docente o de investigación que, en ningún caso, podrá
conllevar peligro adicional conocido para la salud. En todo caso será
imprescindible la previa información al paciente y su autorización por
escrito, así como la aceptación por parte del médico y de la dirección
del correspondiente centro sanitario. 4.
Se reconoce el derecho del paciente a una segunda opinión médica, en los términos
que reglamentariamente se determinen, con la finalidad de fortalecer la
relación básica entre el médico y el paciente y complementar las
posibilidades de atención. 5.
Todo paciente tiene derecho a recibir el informe de alta hospitalaria al
finalizar la estancia en el centro asistencial, en un plazo razonable. 6.
Las personas autorizadas por el paciente también tienen derecho a ser
informadas en los términos establecidos en este artículo. Sección
3ª Derecho a la autonomía del paciente Artículo 12. El consentimiento informado1.
Cualquier intervención en el ámbito de la salud requiere que la persona
afectada haya dado el consentimiento específico y libre y haya sido
previamente informada. 2.
El consentimiento se ha de manifestar por escrito en los casos de
intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasivos y, en
general, cuando se lleven a cabo procedimientos que supongan riesgos e
inconvenientes notorios y previsibles susceptibles de repercutir en la salud
del paciente. 3.
El paciente podrá revocar por escrito el consentimiento en cualquier
momento. 4.
No es necesaria la exigencia del consentimiento en las situaciones
siguientes: a)
Cuando la falta de intervención conlleve un riesgo para la salud pública. b)
Cuando el caso implique una urgencia que no permita demoras por la
posibilidad de ocasionar lesiones irreversibles o existir riesgo de muerte. c)
Cuando el paciente haya manifestado por escrito el deseo de no ser
informado. 5.
En caso de incapacidad del paciente para tomar decisiones, el derecho sobre
cualquier tipo de intervención que afecte a su salud corresponderá a los
representantes legales que determine la sentencia de incapacidad. En caso de
inexistencia de declaración judicial, corresponderá a sus familiares, a su
pareja y, subsidiariamente, a las personas cercanas a él. 6.
Respecto de los menores de edad, el derecho a decidir corresponderá a los
padres, tutores o curadores que ostenten la representación legal. La opinión
del menor será tomada en consideración en función de su edad y su grado
de madurez, de acuerdo con lo que establecen las leyes civiles. Cuando haya
disparidad de criterios entre los representantes legales del menor y la
institución sanitaria, la autorización última se someterá a la autoridad
judicial. Sección
4ª Derecho
a la documentación clínica Artículo 13. Formulación del derecho1.
Todo usuario del sistema sanitario tiene derecho a la constancia por escrito
o en soporte técnico adecuado al efecto de todo su proceso asistencial. 2.
Igualmente tiene derecho a acceder a su documentación clínica y a que se
le facilite copia de los documentos, informes o datos. 3.
Sólo tendrán derecho a obtener la documentación clínica, mediante el
previo consentimiento del usuario, las personas autorizadas por éste, que
podrá ser sustituido por el de sus representantes legales, en caso de minoría
de edad o incapacidad. Artículo 14. La historia clínica1.
La historia clínica es el conjunto de documentos agrupados en un expediente
que contiene las diversas actuaciones relativas al proceso asistencial de
cada enfermo y la identificación de los médicos y del resto de
profesionales que intervienen. 2.
La historia clínica ha de contener, en todo caso, los datos personales, los
de la asistencia y los clínico-asistenciales. Constarán asimismo las
acciones, las intervenciones y las prescripciones hechas por cada
profesional sanitario. 3.
Reglamentariamente se regulará el contenido completo de la historia clínica
y los usos de ésta. 4.
Los centros sanitarios han de disponer de un modelo normalizado de historia
clínica que recoja los contenidos fijados reglamentariamente, adaptados al
nivel asistencial que tienen y a la clase de prestación que realizan. Artículo 15. Deber de secreto de los datos de la documentación clínica1.
El personal que tenga acceso a la documentación clínica queda sujeto al
deber de guardar el secreto sobre los datos consultados. 2.
Reglamentariamente se regulará el derecho de acceso, custodia, conservación
y otros aspectos relativos a la documentación clínica. Sección
5ª Derechos de los pacientes que pertenecen a colectivos que merecen una protección especial Artículo 16. Formulación de los derechos1.
La administración sanitaria pondrá en marcha programas y actuaciones específicos
destinados a los colectivos sujetos a un mayor riesgo sanitario para dar
efectividad a los derechos reconocidos con carácter general por esta ley. 2.
A este efecto, las administraciones competentes se coordinarán y promoverán
la participación de los colectivos afectados en las acciones mencionadas en
el punto anterior. Sección
6ª Derechos de los enfermos mentales Artículo 17. Derechos específicos de los enfermos mentales1.
Sobre la base de la plena integración de las actuaciones en materia de
salud mental en el sistema sanitario general y de la total equiparación del
enfermo mental a las demás personas que requieren servicios sanitarios y
sociales, la administración sanitaria debe actuar de acuerdo con los
siguientes principios: a)
La atención integral y multidisciplinar de los problemas de los enfermos
mentales, procurando la colaboración con los servicios sociales de las
Illes Balears y desarrollando los servicios de rehabilitación y reinserción
social necesarios para esta finalidad. b)
La atención a los problemas de salud mental de la población se realizarán
preferentemente en el ámbito comunitario, potenciando los recursos
ambulatorios y los sistemas de hospitalización parcial, reduciendo tanto
como sea posible las necesidades de hospitalización. c)
La hospitalización de los pacientes que lo requieran se realizará en las
unidades de psiquiatría de los hospitales generales. d)
Prevención de la aparición de la enfermedad mental con actuaciones
coordinadas con el Departamento de Educación de la comunidad autónoma. e)
La especial consideración de las actuaciones dirigidas a la atención
psiquiátrica infanto-juvenil y la atención psico-geriátrica. f)
Especial apoyo a las familias de los enfermos mentales y a las asociaciones
que desarrollan su función en el ámbito de la atención a la problemática
de la salud mental, facilitando los recursos adecuados para desarrollar su
tarea y promoviendo la información, la formación y la participación en la
planificación, los programas y las actuaciones en la materia. g)
Garantizar la actuación tutelar de la administración respecto de aquellas
personas con enfermedad mental que así lo requieran. h)
La atención sanitaria a las drogodependencias se someterá a las
previsiones contenidas en la ley específica aprobada por el Parlamento de
las Illes Balears. 2.
La administración sanitaria tendrá especial consideración de las
actuaciones dirigidas a la atención psiquiátrica infanto-juvenil, que
comprende la población de hasta 18 años, y que se regirá por las
siguientes fases de actuación: a)
La atención integral de la patología, con actuaciones de prevención,
promoción, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y reinserción del niño
y del adolescente. b)
La actuación interdepartamental frente a la problemática de la salud
mental infanto-juvenil, coordinando todas las instancias implicadas en el
desarrollo vital del sujeto de atención, como son educación, sanidad,
servicios sociales y justicia. c)
La actuación en el marco de la atención sanitaria especializada, mediante
las unidades de salud mental infantil y juvenil, sectorizada en función de
criterios territoriales y funcionales y en permanente y necesaria coordinación
con la atención primaria sanitaria. d)
El tratamiento específico de la problemática derivada del trastorno de la
alimentación, para la población de esta franja de edad para las unidades
de salud mental infantil y juvenil. 3.
Los que padezcan una enfermedad mental y estén ingresados en un centro
asistencial tienen derecho a: a)
Que la dirección del centro solicite la correspondiente autorización
judicial para la continuación del internamiento si desaparece la plenitud
de facultades mentales, cuando el ingreso haya sido voluntario. b)
Que se revise periódicamente la necesidad del internamiento, cuando el
ingreso haya sido forzoso. Sección
7ª Derecho a manifestar las voluntades anticipadamente Artículo 18. Las voluntades anticipadas1.
Las personas mayores de edad, con capacidad suficiente, tienen derecho a
otorgar un documento de voluntades anticipadas, en el que, libremente,
expresen las instrucciones que se han de tener en cuenta por el médico o
equipo sanitario responsable cuando se encuentren en una situación que no
les permita expresar personalmente la voluntad. 2.
En este documento, la persona puede también designar a un representante que
es el interlocutor válido y necesario con el médico o el equipo sanitario
responsable, para que le sustituya. 3.
La declaración de voluntades anticipadas se ha de plasmar en una de las
formas siguientes: a)
Ante tres testigos, mayores de edad y con plena capacidad de obrar, dos de
los cuales, como mínimo, no han de tener relación de parentesco hasta el
segundo grado, ni estar vinculados por relación patrimonial con el
declarante. b)
Manifestación ante notario, supuesto en el que no será necesaria la
presencia de testigos. 4.
Las voluntades anticipadas que incorporen previsiones contrarias al
ordenamiento jurídico o que no se correspondan con lo que el sujeto ha
previsto a la hora de emitirlas, no se tendrán en cuenta. En estos casos,
se ha de hacer la anotación razonada pertinente en la historia clínica del
paciente. 5.
La persona que ha otorgado voluntades anticipadas, sus familiares o su
representante ha de entregar el documento que las contiene al centro
sanitario donde la persona es atendida, para su incorporación a la historia
clínica del paciente. 6.
Los centros facilitarán información y modelos de los documentos de
voluntades anticipadas. 7.
Por parte de la administración sanitaria se creará y se constituirá un
registro oficial, en el cual se incorporarán todas las citadas
declaraciones, con cuidado de preservar la intimidad de las personas y la
confidencialidad de los datos incorporados. Capítulo
IV Derechos
de los usuarios de los servicios sanitarios públicos Sección
1ª Derechos generales Artículo 19. Derechos de los usuarios de los servicios sanitarios públicosLos
usuarios de los servicios sanitarios públicos de las Illes Balears tienen
también derecho a: a)
La libre elección de médico, servicio y centro, dentro del área de salud
y de acuerdo con la planificación de la asistencia sanitaria. En la atención
primaria este derecho se concreta en la posibilidad de elección de médico
de familia y de pediatra de entre los que prestan servicios en el área de
salud correspondiente a su lugar de residencia. b)
Las prestaciones básicas del Sistema Nacional de Salud. La administración
sanitaria de la comunidad autónoma puede establecer prestaciones
complementarias tales como los medicamentos homeopáticos, que serán
efectivas previa programación expresa y dotación presupuestaria específica. c)
Obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios
para promover, conservar y restablecer la salud, de acuerdo con los
criterios básicos de uso racional, en los términos que reglamentariamente
se establezcan. d)
Obtener, dentro de las posibilidades presupuestarias del Servicio de Salud,
una habitación individual para garantizar la mejora del servicio y el
derecho a la intimidad y confidencialidad de cada usuario. e)
Estar informado de una manera inteligible, suficiente y adecuada de las
distintas opciones y técnicas terapéuticas -farmacológicas y no farmacológicas
pertinentes para el tratamiento de su proceso. f)
Participar, de manera activa e informada, en la toma de decisiones terapéuticas
que afecten a su persona, especialmente ante situaciones en las que existan
diferentes alternativas de tratamiento basadas en la evidencia científica. g)
El ciudadano tiene derecho a que las prestaciones sanitarias le sean
dispensadas en un plazo previamente definido y conocido por el usuario, que
será establecido reglamentariamente. Sección
2ª Garantías de los derechos de los usuarios Artículo 20. El Defensor de los usuarios1.
Se crea el Defensor de los usuarios del Sistema Sanitario Público de las
Illes Balears como el órgano encargado de la defensa de los derechos de aquéllos,
que desarrollará sus funciones con plena autonomía funcional. 2.
El Defensor de los usuarios estará adscrito a la consejería competente en
materia sanitaria y dará cuentas de sus actuaciones, anualmente, al Consejo
de Salud de las Illes Balears. Artículo 21. DesignaciónEl
Defensor de los usuarios será designado por el Consejo de Gobierno, oído
el Consejo de Salud, por un período de cinco años entre juristas de
reconocida competencia o profesionales con experiencia en la administración
sanitaria. Artículo 22. Actuaciones1.
El Defensor de los usuarios podrá actuar de oficio o a solicitud de toda
persona natural que invoque un interés legítimo. 2.
Las actuaciones realizadas por el Defensor de los usuarios pueden ser del
tipo siguiente: a)
Atender las reclamaciones, quejas o denuncias presentadas dentro del ámbito
sanitario. b)
Iniciar las investigaciones correspondientes para aclararlas. c)
Formular sugerencias, propuestas o recomendaciones a la Administración y a
las entidades privadas con el fin de adecuar sus actuaciones a lo que prevé
esta ley. d)
Mantener entrevistas con las personas de la Administración que sean objeto
de la denuncia, reclamación o queja de los usuarios. e)
Emitir anualmente informe al Consejo de Salud del resultado de sus
actuaciones. 3.
En su investigación, el Defensor de los usuarios podrá solicitar de las
administraciones competentes la información detallada que se considere
necesaria, quedando garantizada la más absoluta reserva y confidencialidad
en su actuación. 4.
Si de las actuaciones realizadas por el Defensor de los usuarios del Sistema
Sanitario Público de las Illes Balears en el estudio de las reclamaciones,
quejas o denuncias presentadas se deduce la posibilidad de existencia de
responsabilidad administrativa, elevará su propuesta al Consejo de Salud. Artículo 23. Régimen jurídicoReglamentariamente
el Consejo de Gobierno establecerá la estructura del órgano, así como las
incompatibilidades, la situación administrativa y el régimen que le sea de
aplicación. Capítulo
V Deberes
de los usuarios del sistema sanitario Artículo 24. Deberes1.
Sin perjuicio de los deberes reconocidos a la legislación básica estatal,
los usuarios del sistema sanitario están sujetos a los deberes siguientes: a)
Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda
la población, así como las específicas determinadas por los servicios
sanitarios. b)
Utilizar las instalaciones a fin de que se mantengan en condiciones de
habitabilidad, higiene y seguridad adecuadas. c)
Velar por el uso adecuado de los recursos ofrecidos por el sistema
sanitario, fundamentalmente de aquello que se refiere a la utilización de
los servicios, procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente y
prestaciones terapéuticas y sociales. d)
Cumplir las normas y los procedimientos de uso y acceso a los derechos que
se le otorguen a través de esta ley. e)
Mantener el debido respeto a las normas establecidas en cada centro, así
como al personal que preste servicios en él. f)
Firmar, en caso de negarse a las actuaciones sanitarias y no aceptar el
tratamiento, el documento pertinente, en el que quedará expresado con
claridad que el paciente ha sido suficientemente informado y rechaza el
procedimiento sugerido. g)
La obligación de avisar al sistema sanitario, a la mayor brevedad posible,
de la no utilización por cualquier causa de un servicio programado
previamente, con la finalidad, no tan sólo de una adecuada planificación
de los servicios, sino también por la posibilidad de utilización por parte
de otro usuario en lista de espera. h)
Cooperar con la autoridad sanitaria en la prevención de las enfermedades. 2.
También estarán sujetos a los deberes establecidos en las letras a), b),
d) y e), los familiares o acompañantes de los usuarios del sistema
sanitario. TÍTULO
II EL
SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE LAS ILLES BALEARS Capítulo
I Estructura y finalidades del sistema Artículo 25. Sistema sanitario público de las Illes Balears1.
El sistema sanitario público de las Illes Baleare es el conjunto de
recursos, normas, medios organizativos y acciones orientadas a satisfacer el
derecho a la protección de la salud. 2.
El Gobierno y la administración sanitaria de la comunidad autónoma
garantizan el buen funcionamiento del sistema por medio del ejercicio de las
facultades de dirección, coordinación, ordenación, planificación,
evaluación y control que le atribuye esta ley y el resto del ordenamiento
jurídico. Artículo 26. Finalidades del sistema sanitario público de las Illes BalearsEl
sistema sanitario público de las Illes Balears, como parte del Sistema
Nacional de Salud, tiene como misiones fundamentales: a)
La extensión de sus servicios a toda la población en los términos
previstos en esta ley, para garantizar la solidaridad y la cohesión
territorial y social. b)
Mejorar el estado de salud de la población. c)
Promocionar la salud de las personas y de los colectivos. d)
Promover la educación para la salud de la población. e)
Proveer la asistencia sanitaria individual y personalizada. f)
Cumplimentar la información sanitaria para establecer la vigilancia y la
intervención epidemiológica. g)
Garantizar el aseguramiento y la financiación públicos del sistema. h)
El uso preferente de los servicios sanitarios públicos en la provisión de
servicios. i)
La prestación de una atención integral de la salud, para procurar altos
niveles de calidad debidamente controlados y evaluados. j)
La planificación de las prioridades de la atención sanitaria a partir de
las necesidades de salud de la población. k)
La distribución óptima de los medios económicos afectos a la financiación
de los servicios y de las prestaciones sanitarias. l)
El fomento de la formación, la docencia y la investigación en el ámbito
de la salud. m)
El establecimiento de programas de mejora continua de la calidad en la
prestación de los servicios sanitarios. Capítulo
II Tipología de actuaciones del sistema sanitario Artículo 27. Actuaciones básicasEl
sistema sanitario público de las Illes Balears, a través de las
administraciones públicas competentes, desarrolla las actuaciones
siguientes: a)
De planificación y ordenación. b)
De autoridad sanitaria. c)
De protección de la salud pública. d)
De asistencia sanitaria. e)
De formación. f)
De búsqueda. g)
De evaluación y mejora continua de la calidad. h)
De salud laboral. i)
De salud ambiental. Artículo 28. Actuaciones de planificación y ordenación sanitariaSon
actuaciones de planificación y ordenación sanitaria las siguientes: a)
La definición de las políticas de salud por medio del Plan de salud y los
correspondientes planes y programas de salud. b)
La ordenación sanitaria territorial por medio del mapa de ordenación
sanitaria. c)
La ordenación de las prestaciones sanitarias. d)
El ejercicio de las funciones relativas a las profesiones y a los colegios
profesionales de ámbito sanitario establecidas en el ordenamiento jurídico. e)
La evaluación y el control de las actuaciones tanto las referidas a la
gestión como a la calidad de los servicios. Artículo 29. Actuaciones de autoridad sanitariaLas
funciones de autoridad sanitaria comprenden: a)
Las autorizaciones administrativas sanitarias y la ordenación y la gestión
de los registros sanitarios. b)
Las declaraciones de interés sanitario. c)
Las acreditaciones y certificaciones de centros, servicios y profesionales
sanitarios y de las actividades de formación de éstos. d)
La inspección de las actividades que afectan a la salud de las personas. e)
El ejercicio de la potestad sancionadora en materia sanitaria. Artículo 30. Actuaciones de protección de la salud públicaPara
la defensa y la promoción de la salud pública corresponde a la
administración sanitaria: a)
La valoración de la situación de salud colectiva, que incluye la difusión
periódica de informes sobre el estado de salud de la población de las
Illes Balears. b)
La protección de la salud, en especial el control de los factores
medioambientales y su seguimiento; la evaluación de los riesgos para la
salud de las personas; la garantía de la seguridad de los alimentos. c)
El control en la distribución y la dispensación de los medicamentos, de
manera que se haga un uso racional de éstos, y de los efectos adversos que
puedan producir, por medio de las actuaciones de farmacovigilancia. d)
La vigilancia y el análisis epidemiológico, así como la responsabilidad
de promover y gestionar los registros de enfermedades. e)
La promoción de la salud, la educación para la salud y la prevención de
enfermedades. f)
La garantía del funcionamiento de los laboratorios de salud pública. g)
La vigilancia de la salud laboral en la vertiente de salud pública. h)
El control de la publicidad sanitaria. Artículo 31. Actuaciones de asistencia sanitariaLa
asistencia sanitaria se lleva a cabo mediante la atención integral a la
salud de la población y a través de los dispositivos en los niveles
siguientes: a)
Atención primaria de la salud, que garantiza la accesibilidad a los
servicios y ofrece la continuidad de la asistencia por medio de la adscripción
a un centro de salud. b)
Atención de nivel especializado y hospitalario, para garantizar la
coordinación y la continuidad de la asistencia. c)
Atención a la salud mental, de acuerdo con las prescripciones que se
contienen en esta ley y en el Plan de salud mental, y con las necesidades de
la población de las Illes Balears. d)
Atención socio-sanitaria coordinada con las administraciones responsables
de los servicios sociales de acuerdo con el Plan socio-sanitario. e)
Atención a las drogodependencias y otras adicciones, de acuerdo con la Ley
autonómica de drogas, el Plan autonómico de drogas, en su caso, y demás
normas reguladoras. f)
La atención de urgencias y emergencias sanitarias. g)
La prestación de productos farmacéuticos, terapéuticos, diagnósticos
necesarios para la promoción de la salud, curación y rehabilitación de la
enfermedad. Artículo 32.Actuaciones de formaciónLa
mejora de la formación técnica y científica en el ámbito sanitario exige
de los órganos competentes: a)
Garantizar la formación continua de los profesionales y del personal que
presta servicios en el sector de la salud, que será acreditada y evaluada
por la consejería competente en materia sanitaria. b)
Colaborar con la administración educativa, las universidades y los colegios
profesionales, en el establecimiento de planes de formación sanitaria. c)
Colaborar en el ejercicio de funciones docentes y en la organización yla
ejecución de la formación. Artículo 33. Actuaciones de investigación1.
La administración sanitaria ha de promover la investigación científica,
con tal de aportar conocimientos que permitan la mejora de la salud de la
población. Todos
los centros y servicios sanitarios han de estar en disposición de favorecer
la investigación. 2.
Para el ejercicio de las actuaciones de investigación en ciencias de la
salud, la administración sanitaria colaborará con la administración
educativa, con la Universidad de las Illes Balears, y con otras
instituciones públicas y privadas, a fin de crear centros, servicios u
organismos dedicados a dar apoyo científico y técnico al sistema
sanitario, que podrán estar dotados de personalidad jurídica. 3.
Al mismo tiempo, la administración sanitaria garantizará los derechos de
los ciudadanos por lo que se refiere a la buena práctica clínica, a la
confidencialidad de datos y a la seguridad de los sujetos sometidos a la
investigación científica. Artículo 34. Actuaciones de evaluación y mejora continua de la calidad1.
La calidad asistencial informará todas las actividades del personal de los
centros y servicios sanitarios y socio-sanitarios. 2.
Reglamentariamente se establecerán los procedimientos de evaluación y
control de la calidad de los servicios y de los procesos asistenciales. 3.
La administración sanitaria velará por la mejora continua de la calidad en
la prestación de servicios sanitarios, mediante el establecimiento de
programas específicos y el seguimiento de su cumplimiento por los servicios
y centros asistenciales. Artículo 35. Actuaciones en materia de salud laboralEn
materia de salud laboral, la administración sanitaria realiza las
actuaciones siguientes: a)
Vigilancia de la salud; recogida y análisis de la información sobre las
personas expuestas a riesgos laborales; elaboración de los correspondientes
mapas de riesgos que permitan implantar medidas para el diagnóstico precoz
y la prevención. b)
Promoción de medidas sanitarias de prevención de riesgos laborales. c)
Acreditación, evaluación y control de las actuaciones sanitarias de los
servicios de prevención y promoción de la formación sanitaria del
personal de estos servicios. d)
Cualquier otra establecida en la legislación de prevención de riesgos
laborales, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de
la Administración en las leyes específicas. Artículo 36. Actuaciones en materia de salud ambiental1.
Todos tienen derecho a vivir en un entorno ambiental sano. 2.
Serán objeto de evaluación, seguimiento e intervención por parte de la
administración sanitaria las actuaciones siguientes, relacionadas con el
desarrollo de las políticas de salud ambiental: a)
La promoción y la mejora de los sistemas de saneamiento, provisión de
aguas, eliminación y tratamiento de residuos líquidos y sólidos, la
promoción y la mejora de los sistemas de saneamiento y control del aire,
con especial atención a la contaminación atmosférica, la vigilancia
sanitaria y la adecuación a la salud del medio ambiente en todos los ámbitos
de la vida, incluida la vivienda. b)
El establecimiento de las prohibiciones y los requisitos mínimos para el
uso y tráfico de bienes y servicios, cuando supongan un riesgo para la
salud ambiental. c)
La suspensión del ejercicio de determinadas actividades, el cierre de
empresas y la intervención de sus instalaciones, así como de sus medios
materiales y personales, cuando tengan una repercusión extraordinaria y
negativa para la salud ambiental. d)
El establecimiento de normas y directrices para el control y la inspección
de las condiciones higiénico-sanitarias, y para el funcionamiento de las
actividades alimentarias, de los locales de convivencia colectiva y del
medio ambiente en el cual se desarrolla la vida humana. e)
El control de las aguas de mar y playas. Capítulo
III Plan
de salud Artículo 37.Características
esenciales
1.
El Plan de salud es el instrumento estratégico principal de planificación
y coordinación sanitaria de las Illes Balears, que se desarrolla a través
de los planes y programas complementarios. 2.
Como instrumento estratégico, el Plan de salud establece las líneas de
actuación y los objetivos concretos a desarrollar por parte de las
estructuras correspondientes, tanto sanitarias como ajenas al sector, y se
coordina con los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las
Illes Balears. |