En la Villa
de Madrid, a siete de febrero de dos mil uno.
Visto por
la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen
indicados el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de
apelación por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Granada como
consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía,
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Motril, cuyo recurso
fue interpuesto por el Procurador [...], en nombre y representación de [..]
defendida por el Letrado [...]; siendo parte recurrida el Procurador [...], en
nombre y representación de «Royal Insurance España, SA», defendido por el
Letrado [...]
ANTECEDENTES
DE HECHO
PRIMERO.- 1.–La
Procuradora [...], en nombre y representación de [...], interpuso demanda de
juicio declarativo ordinario de menor cuantía frente a «Royal Insurance España,
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA» y alegando los hechos y fundamentos de
derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara
sentencia por la que «se condene a Royal Insurance España, SA a abonar a mi
mandante la suma de veintiún millones de pesetas (21.000.000 de pesetas) más
los intereses del veinte por ciento de dicha cantidad que al amparo del artículo
20 de la Ley del Contrato de Seguro y correspondan, con expresa imposición de
costas a la demandada».
2.–La Procuradora [...], en nombre y representación de «Royal
Insurance España, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA», contestó a la
demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación,
para terminar suplicando al Juzgado dicte en su día sentencia por la que «desestime
en todas sus partes la demanda formulada por la actora y se absuelva a mi
representada de las pretensiones de la misma, todo ello con expresa imposición
de costas a la actora por su temeridad manifiesta y mala fe en el obrar».
3.–Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las
partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos, las mismas
partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus escritos. La Ilma.
Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Motril, dictó sentencia
con fecha 23 de enero de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue: Fallo: Que
desestimando la demanda presentada por la Procuradora [...]en nombre y
representación de [...] contra “Royal Insurance España, Compañía de
Seguros y Reaseguros, SA”, debo absolver y absuelvo a la demandada de las
pretensiones efectuadas en su contra, con imposición de las costas causadas a
la parte actora».
SEGUNDO.- Interpuesto
recurso de apelación contra la anterior sentencia por la representación
procesal de [...], la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Granada,
dictó sentencia con fecha 24 de octubre de 1995, cuya parte dispositiva es como
sigue: «Fallamos: Que, confirmamos la sentencia dictada por la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Motril, en
veintitrés de enero de mil novecientos noventa y cinco; con imposición de las
costas de esta alzada a la parte apelante».
TERCERO.- 1.–El
Procurador [...], en nombre y representación de [...], interpuso recurso de
casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes motivos del
recurso:
«I.–Quebrantamiento
de las formas esenciales del juicio. Se formula al amparo del núm. 3 del artículo
1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Infringe la sentencia recurrida el
principio de justicia rogada que inspira el proceso civil en relación con el
artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y del artículo 340 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
II.–Quebrantamiento
de las formas esenciales del juicio. Se formula al amparo del núm. 3 del artículo
1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Infringe la sentencia recurrida el
principio de justicia rogada que inspira el proceso civil en relación con el
artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la teoría de los frutos
envenenados del Tribunal Supremo.
III.–Se
formula al amparo del núm. 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Infringe la sentencia recurrida los artículos 1255 a 1260 del Código
Civil, artículo 1248 del Código Civil y artículo 659 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 10 de la Ley del Contrato de
Seguro y con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras sentencia de 18
de mayo de 1993.
IV.–Se
formula al amparo del núm. 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Infringe la sentencia recurrida los artículos 1248 del Código Civil en
relación con el artículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículos
1255 a 1260 del Código Civil; inaplicación del artículo 1091 del Código
Civil e interpretación errónea del artículo 1281 del Código Civil».
2.–Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador
[...], en nombre y representación de «Insurance España, SA», presentó
escrito de impugnación al mismo.
3.–No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de
vista pública, se señaló para votación y fallo el día 29 de enero de 2001,
en que tuvo lugar.
Ha sido
Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Xavier O' Callaghan Muñoz.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El
presente recurso de casación se formula por la parte demandante en la
instancia, [...], contra la sentencia de la Audiencia Provincial, Sección 4ª,
de Granada que, confirmando la dictada en el Juzgado de 1ª Instancia de Motril,
desestima la demanda. Esta tenía por objeto la pretensión de cobro del capital
asegurado, por la muerte de su padre, en virtud de contrato de seguro de
accidente que éste había celebrado con la demandada «Royal Insurance España,
SA».
La
sentencia de primera instancia declaró probado que no existió el cuestionario
que contempla el artículo 10 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato
de Seguro, pero que la muerte del asegurado no se produjo por accidente, tal
como prevé el artículo 100 de la misma ley. La sentencia de la Audiencia,
objeto de este recurso, declaró probada la ocultación por el asegurado de su
grave estado de salud y la enfermedad «clara y muy grave» que fue la causante
de la muerte, excluyendo el concepto de accidente.
Los dos
puntos esenciales de la presente litis se centran, pues, primero, en la
inexistencia del cuestionario y en la ocultación de las enfermedades que padecía
el asegurado; segundo, si la muerte por infarto de miocardio se puede conceptuar
como accidente, según los términos del contrato de seguro.
SEGUNDO.- Los
dos primeros motivos del recurso de casación se formulan al amparo del núm. 3º
del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el primero por inaplicación
del principio de justicia rogada e infracción de los artículos 11.1 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por razón
de unas pruebas documentales que, propuestas por la parte demandada en la
instancia y ahora recurrida en casación, no fueron sino informes «ad hoc», no
los acordados y, en base a ellos, se practicaron diligencias para mejor proveer;
el segundo, por lo mismo, salvo infracción del artículo 340 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, por razón de los mismos documentos.
Ambos
motivos se desestiman. El primero, porque las diligencias para mejor proveer están
sustraídas a la disponibilidad de las partes y encomendadas a la apreciación
del juzgado o Tribunal de instancia. La doctrina jurisprudencial es resumida, en
este sentido, por la sentencia de 3 de junio de 2000 (en los siguientes
literales términos: «Tiene reiteradamente declarado esta Sala (sentencia de 31
de mayo de 1993 [, por todas) que la facultad concedida a los Jueces y
Tribunales para acordar la práctica de diligencias para mejor proveer, como
actos de instrucción realizados por el órgano jurisdiccional para formar su
propia convicción sobre la materia del proceso, es ajena al impulso de parte y
al principio dispositivo, según se desprende del art. 340 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; por ello, una vez acordada su práctica por el órgano
jurisdiccional en uso de esa facultad, no puede dejarse al arbitrio de una de
las partes su realización, de acuerdo con el inciso final del art. 341 de la
Ley Procesal a cuyo tenor “en todo caso, el Juez o Sala cuidará que lo
acordado se ejecute sin demora y adoptarán de oficio las medidas necesarias
para ello” (sentencias de 14 de febrero de 1994 [, 22 de noviembre de 1996 [y
18 octubre de 1999 [)».
El segundo,
igualmente se desestima por no aparecer infracción alguna de las que se alegan
del principio de justicia rogada, de la teoría de los frutos del árbol
envenenado ni del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los
documentos a que se refiere este motivo, los ha impugnado y discutido y el
Tribunal de instancia los ha valorado, pero la valoración de toda la prueba
practicada –no sólo estos documentos en exclusiva– corresponde a dicho
Tribunal, lo cual no se impugna en este motivo.
TERCERO.- Los
motivos tercero y cuarto del recurso de casación son atinentes al fondo y
plantean –con mala técnica casacional pues se amalgaman sendos conjuntos de
normas un tanto heterogéneas– las dos cuestiones básicas de la litis que
antes se han expuesto: la inexistencia del cuestionario y ocultación de
enfermedades precedentes (motivo tercero) y concepto de accidente, del infarto
de miocardio, causa de la muerte, según el contrato de seguro (motivo cuarto).
En cuanto a
la primera cuestión: el artículo 10 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del
Contrato de Seguro, relaciona el deber de veracidad del asegurado con el
cuestionario, como derecho y deber del asegurador de someter al mismo aquél,
hasta tal punto que «quedará exonerado de tal deber» (de declarar todas las
circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo) «si el
asegurador no le somete cuestionario...» tal como dispone el último inciso del
primer párrafo de dicho artículo 10, vigente al tiempo de suceder el hecho
(1993) objeto de este proceso. La razón última de esta norma no es que deje de
protegerse la veracidad y la buena fe, sino que no es concebible la exigencia al
asegurado que declare, en su contra si es preciso, cuando ni siquiera la parte
contraria en el contrato, el asegurador, se ha preocupado en preguntarle sus
circunstancias, mediante un adecuado cuestionario. En este sentido y abundando
en la misma idea, la sentencia de 18 de mayo de 1993 dice, literalmente: «El
deber del tomador del seguro ha de conjugarse con el deber de respuesta al
cuestionario a que debe someterle la entidad aseguradora; ahora bien, si ésta
no exige dicho cuestionario, como sucedió en el presente caso, debe pechar con
las consecuencias, por haber relevado al tomador del deber de cumplimentar dicha
información previa al contrato».
La
sentencia de instancia ha reflexionado, con muy poca claridad, sobre el deber de
veracidad, pero no ha declarado probada la existencia del cuestionario, pues no
lo hay, evidente e indiscutiblemente; lo que se aporta a modo de cuestionario no
está firmado por el asegurado, por lo que a éste no se le puede reconocer su
autoría ni la asunción del contenido, que se produce precisamente por la
firma; ni, mucho menos, puede atribuirse la falta de firma a mala fe del
asegurado o a error del asegurador, teniendo en cuenta el aparato burocrático y
la infraestructura jurídica de una compañía aseguradora.
Por lo que,
la sentencia de instancia infringe el mencionado artículo 10, en virtud de lo
cual debe ser estimado este motivo.
CUARTO.- En
cuanto a la segunda cuestión: el concepto de accidente se recoge en el artículo
100 de la Ley del Contrato de Seguro en los mismos términos que en el contrato
de autos, condiciones generales, artículo 2, párrafo primero, cuyo título
general es «Alcance del seguro», y que añade que tendrán la consideración
de accidentes, apartado n, «los causados por anginas de pecho, cardiopatías e infartos de
miocardio» y en el párrafo siguiente se agrega que no tendrán la consideración
de accidentes, apartado 10, las «enfermedades
de cualquier clase que no se pueda probar que son la consecución directa de un
accidente cubierto por la póliza»; dicho en sentido afirmativo: tendrá la
consideración de accidente, la enfermedad que se pruebe que es consecuencia
directa de un accidente cubierto por la póliza; es un accidente sí cubierto el
infarto de miocardio.
La causa de
la muerte del asegurado fue, como dice la sentencia de instancia, la parada o
colapso cardiorrespiratorio y, añade el certificado de defunción, cardiopatía
isquémica (además: diabetes hallitus, carcinoma pulmonar) que, se deriva en un
infarto de miocardio. Por tanto, fue un siniestro cuyo riesgo estaba
expresamente previsto en el contrato de seguro, el infarto como accidente. Si se
plantea el tema de la exclusión de la enfermedad, colapso cardiorrespiratorio,
sí se ha probado que su origen se halla en la cardiopatía e infarto de
miocardio, que son consecuencia directa de accidente cubierto por la póliza,
como así declara el apartado n,
antes transcrito. Por lo cual, la sentencia de instancia ha infringido el artículo
1281, párrafo primero, del Código Civil al no interpretar correctamente el
sentido literal del contrato de seguro de accidentes, que conceptúa como tal el
infarto de miocardio que sufrió el asegurado y causó su muerte; débese, pues,
estimar este motivo del recurso de casación.
QUINTO.- Al
estimar dos de los motivos del recurso de casación, ambos formulados al amparo
del núm. 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta Sala
resolverá lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado
el debate, tal como dispone el artículo 1715.1.3º de la misma ley, es decir,
asume la instancia. Tal como se deriva de lo expuesto, debe estimarse la demanda
y atribuir a la demandante (que actúa por sí y en representación de su madre
y hermanos, legataria y herederos del asegurado fallecido) el capital asegurado,
que asciende a veinte millones de pesetas incrementado en un cinco por ciento
según el propio contrato y el veinte por ciento de interés, previsto en el artículo
20 de la Ley del Contrato de Seguro, anterior a la redacción dada por Ley
30/1995, de 8 de noviembre , de ordenación y supervisión de los seguros
privados, cuya vigencia viene determinada por la fecha del siniestro, 30 de
marzo de 1993, debe pagar tal interés pues no indemnizó el importe del daño
–tal como decía el texto legal– «por causa no justificada o que le fuere
imputable» y no debe considerarse «causa justificada» el negar el pago hasta
el punto de llegar a un largo proceso en cuya sentencia definitiva se reconozca
su obligación de pago.
Por lo
expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos haber
lugar al recurso de casación,
formulado por el Procurador [...], en nombre y representación de [...], contra
la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de
Granada, con fecha 24 de octubre de 1995, que casamos y anulamos y, en su lugar, debemos estimar y estimamos la
demanda formulada por aquella recurrente y condenamos a la demandada «Royal
Insurance España, SA» a abonarle la cantidad de 21.000.000 de pesetas y los
intereses del veinte por ciento anual de dicha cantidad desde la fecha de 30 de
marzo de 1993 hasta el momento de pago efectivo.
En cuanto a
las costas, se imponen las de primera instancia a dicha parte demandada; no se
hace condena en las de segunda instancia y tampoco se hacen respecto a las de
este recurso de casación en que cada parte satisfará las causadas a su
instancia.
Líbrese a
la mencionada Audiencia certificación correspondiente, con devolución de los
autos y rollo de apelación remitidos.
Así por
esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose
al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.–José
Almagro Nosete.–Antonio Gullón Ballesteros.–Xavier O’Callaghan Muñoz.–Rubricados.
PUBLICACION.–Leída
y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Xavier O’Callaghan
Muñoz, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando
celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día
de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
