Jurisprudencia

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil

Sentencia nº: 313/1999

Excmos Sres:

D. Jesús Marina Martinez-Pardo
D. Roman Garcia Varela
D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez

En la Villa de Madrid, a trece de Abril de mil novecientos noventa y nueve. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de Casación contra la Sentencia dictada en grado de Apelación por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Bilbao, como consecuencia de autos de Juicio de menor cuantía, núm. 599/92, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de los de dicha Capital, sobre Reclamación de Cantidad cuyo recurso fue Interpuesto por D. { } Y DOÑA { }, representados por el Procurador de los Tribunales don Ignacio Calleja García; siendo parte recurrida DON { }, representado por el Procurador de los Tribunales don José Murga Rodríguez, y CLINICA { }., representada por el Procurador de los Tribunales don Antonio del Castillo-Olivares Cebrian.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera instancia núm. 13 de los de Bilbao, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de don { } y Dña. { }, contra don { } y Clínica { }, sobre reclamación de cantidad,

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que, se condenase a los demandados a que directa y solidariamente indemnicen sus representados de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la muerte de su hijo, solicitando igualmente pronunciamiento de condena con carácter principal para don { } y subsidiariamente a la Clínica { }.

Admitida a trámite la demanda se emplazó a los demandados compareciendo y contestando a la demanda oponiéndose ambos demandados a las pretensiones de la actora basando cada contestación de la demanda en los hechos contenidos en las mismas y suplicando la representación de la Clínica { }, que con estimación dio la excepción propuesta o bien entrando en el fondo del asunto se desestime la demanda contra dicha entidad, absolviéndola de los pedimentos contra ella establecidos e imponiendo los costas a la parte actora.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 5 de octubre de 1993, cuya parte dispositivo es como sigue: "FALLO: Que desestimando la demanda formulada por la procuradora Sra. Palacios en nombre y representación de don { } y doña { } contra don { }, representado por el Procurador Sr. Ors y contra la Clínica { }, representada por el Procurador Sr. Legorburu, sobre reclamación de daños y perjuicios, debo absolver y absuelvo de la misma a los codemandados. Sin especial pronunciamiento en cuánto a las costas causadas"

SEGUNDO: Contra dicha sentencia sé :interpuso recurso de Apelación por la representación procesal de don { } y Dña. { }, que fue admitido, y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Tercera, dictó sentencia con fecha 16 de septiembre de 1994, cuyo fallo es como sigue: 'Que desestimando el Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de DON { } y DOÑA { }, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª instancia núm. 13 de Bilbao en Autos de Juicio de Menor Cuantía núm. 599/92 de fecha 5 de octubre de 1993, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha Resolución sin expresa declaración en cuanto a las costas causadas en esta alzada".

TERCERO: El Procurador de los Tribunales, don Isacio Calleja García, en nombre y representación de DON { } Y DOÑA { }, formalizó recurso de Casación que funda en los siguientes motivos: UNICO: 'Al amparo del número 4 del art. 1692 de la L.E.C., Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate y referidas en los arts. 1902 y 1903 en relación con el art. 1102, todos ellos del Cc...."

CUARTO: Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido para impugnación, los Procuradores de los Tribunales, don José de Murga Rodríguez y don Antonio del Castillo-Olivares Cobrián, en nombre y representación de DON { } y CLÍNlCA { }, respectivamente, impugnaron el mismo.

QUINTO: No habiéndose solicitado por todas las Partes personadas la celebración de Vista Pública, se señaló pata VOTACION Y FALLO EL DIA 25 DE MARZO DE 1999, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. LUIS MARTINEZ-CALCERCERRADA Y GÓMEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Tercera, de 16 de septiembre de 1994 confirma la del Juzgado de Primera Instancia núm. 13, de dicha capital, de 5 de octubre de 1993, desestimando la demanda que en reclamación de TREINTA MILLONES DE PESETAS, Interpusieron los padres del menor fallecido don { }, contra los codemandados, el médico Dr. { }, y la Clínica { }, frente a cuya decisión se interpone el presente recurso de Casación en base a un único Motivo que es objeto de examen por la Sala.

SEGUNDO: En el único Motivo del recurso articulado ex. art. 1692-4ª L.E.C., se denuncia la infracción de los arts. 1902 y 1903, en relación con el 1102 del C.c. y, después de analizar el criterio de la jurisprudencia sobre la responsabilidad médica por funcionamiento anormal de la prestación, contempla el estudió que la sala "a quo" verifica de la "Lex artis ad hoc" con un pormenor y rigor bien precisos y se permite el recurrente afirmar que "tal conceptuación –de dicha Lex- nos llevará ineludiblemente, en casi todo los casos a incluir las actuaciones médicas en factor exonerativo de la responsabilidad del art. 1105 del C.c.; opinión, desde luego, bien particular y carente de rigor científico, por que dentro del concepto y alcance de la citada lex, con sus requisitos integradores, es claro, que esa exoneración, como en su caso, la correspondiente imputación de responsabilidad, siempre están abiertas a lo que se derive, del conjunto de implicaciones que se detallan acaecibles en el caso concreto o acto médico enjuiciado.

TERCERO-. La línea jurisprudencial sobre la responsabilidad médica es reiterada, a saber, como entre otras, se resumía en Sentencia de 16 diciembre de 1997: Y es que en sede de résponsabilidad médica, conviene verificar las siguientes precisiones ajustadas a una respetuosa hermenéutica de nuestro Derecho Positivo, en relación con la cuestionada carga de la prueba:

1.- Que ante todo conflicto tendente a exigir responsabilidad -al autor de una conducta o ilícito, la carga de la prueba prevista en el art.1214 C.c., es inevitable: El actor o perjudicado debe probar la obligación cuyo cumplimiento reclama y el demandado la extinción de esa obligación por su no incumplimiento; en consecuencia, aquél actor habrá de acreditar no sólo la existencia de la obligación, sino que el obligado no la ha cumplido por no actuar adecuadamente en la observancia de su prestación.

2.- Trasladada esa teoría a las clases de responsabilidad contractual como extracontractual pues en ambas operar resulta: 1) En la contractual el acreedor o perjudicado que acciona, dejará acreditar la obligación y características de la prestación -si es de hacer o de dar, si es de medios o de resultado- así como el no cumplimiento porque el deudor no ha actuado bajo la observancia de los deberes de esa prestación (art. 1101 C.c.), al no concluir la exoneración del "casus" del art. 1105 C.c., mientras que el deudor puede oponer, previa prueba, el pago o cumplimiento. 2) En la Extrecontractual, es art. 1902 C.c., el perjudicado o dañado, habrá de acreditar no sólo ese daño –es el subrogado de la obligación precedente- sino la autoría de la conducta dañosa, el nexo causal y la voluntariedad de esa autoría por infringirse deberes de prevención o el general "naeminem laedere" es obvio, que en esta responsabilidad huelga la distinción entre la obligación de medios y de resultado, (antes del "factum" dañoso ni existe un destinatario de la acción ni, menos aún, una concreta prestación, salvo el genérico "alterum non laedere", más propia del contexto o diseño de la responsabilidad contractual; al autor le basta con oponerse la reclamación. Una jurisprudencia y muy clásica -y sin apoyaturas dogmáticas-, por razones de solidaridad o justicia social, viene defendiendo desde la emblemática S. 10-7-1943, que en la extracontractual rige el principio de inversión de la carga de la prueba: o sea el perjudicado que accione le basta con acreditar el daño, del que ya, sin más, resultarán los demás presupuestos de la responsabilidad el autor -acción, culpa o Infracción deberes y nexo-, salvo prueba de no culpa a cargo de éste o demandado.

3) En la responsabilidad Médica, por lo general, de tipo contractual, tanto porque haya un contrato de asistencia, directo o a través de Entidad o S.S., tanto porque se integre merced al mismo acto médico, el mecanismo de prueba de responsabilidad será acorde con lo antes dicha proposición de la contractual: el actor ó paciente habrá de acreditar, no sólo el daño sino la autoría y relación de causalidad y hasta la infracción de los deberes profesionales o 'lex' artis ad hoc"; de ahí que se afirme, desde siempre, que al ser la obligación del médico, la de observar esos deberes asistenciales, -entre los que están, sin duda, el de información adecuada-, o sea los "medios para curar" y no el resultado o la curación del paciente, (de impredecible previsión hasta por el enigma somático o reacción fisiológica del enfermo) no cabe derivar del daño o mal del paciente, sin más, la responsabilidad del médico.

4.- Por ello, cuando se ubica la responsabilidad del médico en sede extracontractual la jurisprudencia ha sostenido la excepción a referida inversión del "onus probandi" o el seguimíento de que al actor le incumbe la prueba", con lo que, por este camino, se alcanza igual solución a la de la contractual.

5.- Sostener, sin más, que siempre se presume la culpa del deudor (médico en el caso de autos) en base al art. 1183- C.c. no es sino simplificar el problema y desconocer que este art. sólo se refiero a las obligaciones de dar al incumplirse, entonces, la accesoria de conservar, ex en. 1094 C.C., mientras que en sede de responsabilidad médica, la prestación de hacer o 'facere' profesional o medial (salvo en la singularidad de la cirugía estética, Sent. 28-6 1997, o cuando el resultado dañoso en el paciente sea tan desproporcionado por su gravedad o magnitud, que revela una actuación profesional carente de la exigible diligencia) es inconcuso; sin que tampoco que a extraer de aquel aserto que en toda clase de obligaciones se presumo; la culpa del deudor en caso de incumplimiento, ni del art. 1098, ni del 1099, ni, por supuesta del art. 1103 ni del -1104 todos del C.c., en especial, a propósito de las obligaciones de hacer en que se enmarca la prestación del médico, porque sí el primero de los citados -el 1098- sanciona que si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciere, se mandará ejecutar a su costa, que informa a todos los demás, es menester delimitar esa prestación, o sea, esa alguna cosa a lo que se obliga el facultativo para "si no lo hiciere" ejecutarlo a su costa, y ya se vio que "desde siempre" el médico se obliga a procurar la salud o curación-medios" pero no a la curación, efectiva-resultado; luego sólo cuando en esa procura se demuestre su culpa o falta de diligencia responderá, y claro es, que ese presupuesto éntra de lleno en el "onus probandi" del actor o paciente.

Por último, sería innecesario reproducir una serie de Sentencias de esta Sala en las que se confirma que en sede de responsabilidad médica -tanto contractual como en la extracontractual- la culpa así como relación de causalidad entre el daño o mal del paciente y la actuación médica ha de probarla el paciente, salvo las estadísticos se señala que tras la antes indicada sentencia de 10 de julio de 1943que inició la repetida praxis de la inversión de la carga de la prueba para el perjudicado o victima, seguida entre otras por las de 10-5-82, 7-4-83, 10-7-85, 13-12-85, 31-1-86 y 19-2-87, se consagra la excepción a esa inversión y se unifica -el criterio de que tanto en la contractual como en la extracontractual esa carga incumbe al actor o paciente, entre otras muchas, en las siguientes: 13-7-1987, 12-7-1988 6-11-90, 7-2-90, 6-6-90, 8-10-92, 4-3-93, 23-3-93, 2-2-93, 15-2-93, 25-4-94, 29-3-94, 12-7-94, 14-11-94, 20-2-95, 16-2-95, 10-2-96, 8-4-96, 1-6-96, 23-9-96 25-7-96, 31-7-96, 10-12-96, 20-6-97, 10-11-97..."

CUARTO-, Y retornando el examen de citado MOTIVO, en él se denuncia en particular la ausencia del Derecho-Deber de información que concurrió en el caso de autos, el decir literalmente: 'Por otra parte en el punto 1º de este F.J. 3º, -SIC-, se analiza la autorización existente para la Intervención quirúrgica (f.11) de donde se desprende una clara falta de lnformación respecto a cual iba a ser la técnica anestésica a emplear, pues no podemos olvidar que una de las obligaciones exigibles al profesional de la medicina y que forma parte de la "lex artis ad hoc", es la de informar al paciente o en su caso, a los familiares del mismo, pues la falta de información previa a la familia, es tenida en cuenta hasta por la propia Sala que manifiesta su crítica, aunque excluye su relación con la causa del fallecimiento, rechazando que éra una intervención 'no de extrema gravedad ni riesgo, de escasa duración y con un paciente con constantes físicas normales', justificaciones que deben decaer por cuanto que el derecho del paciente a ser informado no debe depender de la importancia que le dé el facultativo, y siendo, como es, un riesgo importante en las anestesias totales, la información debe ser requisito imprescindible. A este respecto, continua el Motivo podemos traer a colación la Sentencia de esa Sala del T. S. De 25 abril de 1994, en donde se recoge, como uno de los componentes de la "lex artis ad hoc", el derecho de información, y al respecto dice: "Informar al paciente o en su caso a los familiares del mismo, siempre claro está, que esto resulte posible, del diagnóstico de la enfermedad o lesión que padece, del pronóstico que de su tratamiento pueda normalmente esperarse, de los ríesgos que del mismo, especialmente si este es quirúrgico, puede derivarse y, finalmente, y en el caso de que los medios de que se dispongan en el lugar donde se aplica el tratamiento pueden resultar insuficientes, debe hacerse constar tal circunstancia, de manera que si resultase posible, opta el paciente o sus familiares por el tratamiento del mismo en otro centro médico mas adecuado. La inexistencia de información es un hecho negativo cuya demostración no puede imponerse a quien lo alega so pena de imponerlo una prueba que de calificarse de perversa, contraria al principio de tutela efectiva por Implicar indefensión, prohibida en el art. 24-1 de la C.E. Sentencia del T.C. de 17 de enero de 1994. El Motivo ha de aceptarse, ya que esa ausencia del deber de información, así se produjo, pues si la propia Sála lo admite en su F.J, 4º, que dice: '...si bien existía autorización familiar para llevar -a cabo la Intervención, la posible falta de información a la misma en cuanto a las condiciones de la operación, si bien criticable, no obstante el tipo de intervención quirúrgica y la causa real del fallecimiento en nada influye, desde el punto de vista de culpabilidad, al tratarse de una intervención normal, no de extrema gravedad ni riesgo, de escasa duración y con un paciente de constantes físicas normales, según resulta del historial clínico obrante y en el que el procedimiento anestésico aplicado fue el correcto con las normas y técnicas médicas aplicables al caso y sin que se aplicasen con falta de diligencia alguna., ( que se pone en relación con el F.J. 1º de la Primera Instancia al describir el suceso; "...El día 17 de febrero de 1985, don { } de 15 años de edad, ingresó en la Clínica { } para ser operado de vegetaciones por el Dr. { }, con cargo al cupo de Seguridad Social que correspondía al codemandado, a cuyo objeto se habían realizado el paciente con antelación análisis de sangre, orina y RX del Tórax, de los que se concluía que no se aprecia nada cardiopulmonar (f.9 y ss.y f. 159), autorizando un familiar del menor 'la intervención quirúrgica y aceptando los riesgos a ella inherentes, en particular el derivado de la anestesia, conforme obra en el folio 12 de los autos. El equipo quirúrgico, del cual formaban parte, además del codemandado Dr. { }, el médico don { }, y ATS. don { } y las auxiliares dna. { } y doña { }, ésta última asalariada de la Clínica { }, inició la intervención a las 11:15, procediendo en primer término a anestesiar al paciente, usando la dosis normal de 'tricloroetileno' que fue aplicada por el codemandado con mascarilla abierta y seguidamente la "adenoldectomía" en la que se invirtieron de 2 a 4 minutos...", agregándose qué también consta que la Intervención quirúrgica empezó a las 11:15 y el óbito se produjo a las 12:30; y sobre todo, esa falta de información, se dice en el F. J. 2º por el Juez, con evidente desacierto, "...No se han acreditado los actores la ausencia de información a la familia de la forma, en que aquella se produciría, y aún habiéndole hecho tampoco se prueba que la desautorizaran, sino que, por el contrario, la admitieron expresamente en la autorización antes referida. " y es que no cabe compartir la irrelevancia de esta información según pretende la Audiencia, pues, es una exigencia ineludible dentro de la total estructuración de repetida "Lex artis ad hoc"; al punto se decía en mentada sentencia de 16-12-97 "...En cuanto a la esencia a que debe referirse el derecho o deber de información, no es posible exponer un modelo prefijado, que albergue "a priori" todo el vasto contenido de dicha Información, si bien abarcarle como mínimo y, en sustancia, por un lado, la exposición de las características de la intervención quirúrgica que se propone, en segundo lugar, las ventajas o inconvenientes de dicha intervención, en tercer lugar, lo riesgos de la misma, en cuarto lugar, el proceso previsible del post-operatorio e, incluso en quinto lugar, el contraste con la residual situación ajena o el margen a esa intervención; al respecto se expone en Sentencia de 2-10-1997 de esa Sala: 'Un elemento esencial de la "lex artis ad hoc" o núcleo esencial del contrato de arrendamiento de servicios médicos es el de la obligación de informar al paciente o, en su caso, a los familiares del mismo, para definir lo que se puede estimar como información correcta hay que recurrir al art. 10.5 L. 14/1986 de 25 de abril (Ley General de Sanidad), precepto que especifica que el paciente o sus familiares tienen derecho a que, en términos comprensibles para él y sus, allegados se les de información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. En resumen, el consentimiento prestado por el enfermo o sus parientes ha de ser informado. Tal información comprenderá, para no incurrir en responsabilidad, el diagnóstico de la enfermedad o lesión que se padece, el pronóstico que de su tratamiento pueda, esperarse y los riesgos del mismo..."; asimismo, en Sentencia de 16 de octubre de 1998 se decía: "...es cierto que la Ley 26/1.984, de 19 de julio, General para la defensa de los Consumidores y Usuarios, determinó la expresa obligación de informar al paciente -sic-. Ahora bien, ...sé subraya -sic- el Reglamento de Régimen, Gobierno y Servicio de las Instituciones, aprobado por Orden de 7 de Junio de 1.972, del cual, -se desprende el derecho del enferma ser Informado de las posibles consecuencias de las intervenciones quirúrgicas, y, por otro lado, resulta incuestionable que el deber informativo forma parte de las normas deontológicas de los Colegios Médicos y su observancia, además, es una elemental aplicación derivada de principios lógicos, morales y éticos indiscutibles, sin que, por tanto, la obligación informativa quepa reducirla al rango de una costumbre usual existente en el ámbito médico-hopitalario...".

QUINTO- Pero es que, además, también, ha de acogerse la tesis del citado Motivo cuando literalmente afirma: "la Sala analiza la técnica quirúrgica y la necesidad de presencia de- anestesista, y llega a una conclusión que no podemos compartir, el manifestar que esta parte no ha probado, que de intervenir el anestesista, no se hubiera producido el evento. Hemos de mostrar, dicho sea con todos los respetos, nuestro desacuerdo con esta conclusión de la Sala, por cuan primero la no presencia de anestesista en una anestesia total por mucho que fuese habitual, ya que cuando menos, correcto no lo es, dado que se crea un riesgo al no adoptar todas las medidas de seguridad que deben parecer indicadas y cuando a raíz de este desafortunado evento se acometieran este tipo de intervenciones quirúrgicas con anestesista, y sin que por contra pueda exigirse al perjudicado, lego en medicina, que aporte pruebas demostrativas en el sentido de demostrar que con presencia de anestesista no se hubiese dado la muerte; y en segundo lugar consideramos que la obligación del profesional sanitario es la de poner los medios adecuados, no solo técnicos, sino humanos, por lo que podemos establecer una conducta culposa en el responsable de la intervención quirúrgica, al no disponer de los últimos dada la ausencia de anestesista."; se trata, pues, de otro argumento de responsabilidad médica que responde en el caso de Autos, a cuanto se destaca así: 1)"La dosis aplicada de "tricloroetileno", se efectuó por el mismo cirujano demandado, Dr. { }, con mascarilla abierta y Adenoidectomia", por lo que, ante el desenlace de ese aplicación se avisé al anestesista de la Clínica Dr. { }, que ya no pudo intervenir con resultado positivo (F.J, 10, Sentencia Juzgado). 2) Por la Propia Sala, en su F.J. 3, se dice: "...En esta fase -del pre-operatorio- y en cuanto a la no realización de prueba alguna el paciente de tolerancia o intolerancia al anestésico empleado, queda adverado debidamente en autos a través de la pericial emitida por el Dr. { } que -no existe prueba médica o analítica especifica para demostrar la incompatibilidad del anestésico con el enfermo antes de ser Intervenido..."

SEXTO: La responsabilidad, de consiguiente del médico codemandado es bien expresiva, pues, entre otros argumentos, además, del ampliamente examinado de su omisión del deber de información, -se reitera- que no siendo especialista -F.J. 3º-2-2 de la Sala "a quo", aplica la anestesia y, por otro lado elude cualquier prueba de tolerancia del anestésico empleado; por lo que es aplicable asimismo la doctrina de la Sentencia de esta Sala de 12 de diciembre de 1998, que dice así: 'La responsabilidad civil de los anestesistas se exige cuando éstos no son rigurosos en la observancia y aplicación de las reglas y técnicas de esta especialidad médica, cuya funcionalidad no es la directa curación del enfermo, sino la de facilitar medios y proporcionar estados insensibles al dolor para propiciar la realización de actividades diagnóstico, quirúrgicas y terapéuticas, lo que necesariamente impone la máxima atención y concentración en la aplicación del "acto" anestésico de los estándares que tienen como objetivo su seguridad y éxito, y entre éstos resulta imprescindible en todo momento la oxigenación, ventilación y circulación del paciente"; en definitiva y, sin necesidad de otros argumentos ya que, no cabe duda qué aparece, de consiguiente acreditado el cuadro que el Motivo adosa al final (al afirmar que están debidamente probados los tres requisitos exigidos para que prospere la acción por responsabilidad contractual, a saber: Producción de un daño, negligencia en la conducta de quien lo causó y relación de causalidad entre la conducta de agente y del daño causado, por lo que es obvio la aplicación del mecanismo reparador que presentan los aludidos preceptos que se consideran infringidos"), la consecuencia decisoria será la de ESTIMAR EL RECURSO y la demanda, y actuando a tenor del art. 1715-131 L.E.C., condenar a los codemandados el pago de la indemnización reclamada de TREINTA MILLONES DE PESETAS, con los demás efectos derivados, sin que a tenor del artículo 1715.2º L.E.C., proceda imposición de costas en ninguna de las instáncias, al hacer uso el tribunal que juzga de la salvedad que preceptuan los arts. 523, 710, 873 y 896 de dicha Ley, aplicables en su caso, al litigio.

Por lo expuesto, en nombre del REY y por la Autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por la representación procesal de DON { } y DOÑA { }, frente a la Sentencia pronunciada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Bilbao, en 16 de septiembre de 1994; condenando solidariamente a los demandados DON { } Y CLINlCA { }., al pago de TREINTA MILLONES DE PESETAS, a los mencionados actores; Sin expresa condena en costas en ninguna de las instancias ni en este recurso, debiendo cada parte satisfacer las por ellos causadas y las comunes por mitad. Y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los Autos y Rollo de Sala en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia que se insertará en la COLECClON LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.