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Responsabilidad Civil. La Sala analizando el motivo alegado por la Diputación de
incongruencia procesal, entiende que los hechos importantes y decisivos
en los que se basa la petición de resarcimiento económico, amparados
en la invocación del artículo 1902 del Cc fueron las condiciones de
deficiencia del dispositivo intrauterino anticonceptivo, que se
implantó a la reclamante en el Centro de Planificación Familiar
dependiente de la Diputación, que resultó defectuoso e inadecuado para
el uso al que había sido destinado, lo que resultó probado, al haber
quedado la reclamante embarazada en el período de uso del referido DIU.
El Tribunal inferior, había aplicado al supuesto la Ley General para la
defensa de Consumidores y Usuarios a fin de decretar la responsabilidad
directa y solidaria de la Diputación al haber incurrido la misma en
negligencia demostrada y no haber probado la carencia de deficiencias y
con ello la adecuada corrección y utilidad efectiva del anticonceptivo
que suministró y aplicó por medio de su personal dependiente,
adquirido de la entidad también demandada con lo que vino a aceptar el
producto sin efectuar comprobación ni verificación técnica alguna
acerca de su estructura, composición y aptitud para el fin al que se
destinaba.
Concurre pues, a juicio de la Sala – apreciando la aplicación del
artículo 1.902 del Cc- una adecuada relación causal produciendo un
daño al frustrar las expectativas de no desear el embarazo de la
interesada, con atentado efectivo a su decisión de gestación.
Se trata pues de un acto de medicina voluntaria, no curación de una
dolencia patológica o psíquica, sino utilización de un medio
anticonceptivo que se ofrecía a fin de planificar su situación
familiar, sin que por ello se excluya el actuar culposo, si bien la
relación creada se aproxime al contrato de arrendamiento de obra al
perseguirse un resultado concreto, perfectamente decidido, si bien en
todo caso ha de atenderse a la obligación de medios y con ello en la
apreciación de si los empleados fueron los adecuados e idóneos para la
consecución del fin pretendido.
Por lo demás, la Sala entiende que la responsabilidad del comerciante
(en clara alusión a la compañía fabricante del dispositivo) no se
inicia y se agota en el mismo, sino que resulta extensiva a los terceros
que, respecto al producto defectuoso han tenido intervención decisiva
en la producción del daño por lo que este se debe a una actividad
conjunta del fabricante y del tercero, conforme a la previsión de la
Directiva Comunitaria de 25 de Julio de 1985, cuya adaptación a nuestro
derecho se produjo con la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios que resulta, por lo demás aplicable en
cuestiones de servicios sanitarios, en aplicación del artículo 28 de
la mencionada Ley. |
