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Sentencia
del Tribunal Supremo
sala Civil
Sentencia de 19 de julio de 2004
Recurso núm. 3340/1999.
Ponente: D. Pedro González Poveda
En Madrid, a diecinueve de Julio de dos mil cuatro.
Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada
por los Magistrados al margen indicados, los recursos de casación contra
la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Valladolid , como consecuencia de autos de juicio
ordinario declarativo de menor cuantía; seguidos ante el Juzgado de
Primera Instancia número nueve de Valladolid, sobre reclamación de
cantidad; cuyos recursos fueron interpuestos por la entidad aseguradora
[..], S.A., representada por la procuradora de los tribunales Dª [..]
(posteriormente sustituida por su compañero D. [..]); por D. [..],
representado por el procurador de los tribunales D. [..]; y por D. [..]
representado por el procurador D. [..]; siendo parte recurrida D. [..] y Dª
[..] y ambos en nombre de su hijo menor de edad [..], representados por la
procuradora de los Tribunales Dª [..].
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- 1.- La
procuradora de los tribunales Dª [..], en nombre y representación de D.
[..] y Dª [..] (padres del menor [..]), formuló demanda de menor cuantía
en reclamación de cantidad por daños y perjuicios, contra D. [..], D.
[..] y contra [..] Anónima de Seguros en su delegación comercial de
[..], en la cual tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó
de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia "por
la que estimando íntegramente la presente demanda, se declare la
concurrencia y consecuencia de las lesiones del niño [..] por y como
consecuentes de una actitud de negligencia omisiva de los médicos; que la
madre del niño en esta situación sobrevenida, ha tenido que dejar el
puesto laboral de trabajo y con ello la pérdida económica -"lucro
cesante"- sin limite predecible en el tiempo; a [..] como aseguradora
de la responsabilidad solidaria por razón de contrato; y que los
codemandados sean obligados solidariamente a abonar a mis mandantes la
cantidad de treinta y cinco millones trescientas mil pesetas (35.300.000
pts) en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Y, en su
virtud, se condene a los codemandados: 1º A estar y pasar por las
anteriores declaraciones. 2º Solidariamente al pago íntegro de la
cantidad de treinta y cinco millones trescientas mil pesetas, en concepto
de indemnización de daños y perjuicios. 3º. Solidariamente al pago íntegro
de las costas del presente proceso".
2.- Admitida a trámite la demanda y emplazados los
demandado, se personó en autos el procurador D. [..], en nombre y
representación de [..], Sociedad Anónima de Seguros, quien contestó a
la misma y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por
convenientes, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia "por
la que desestimando la demanda absuelva de la misma a [..], Sociedad Anónima
de Seguros, con expresa imposición de costas a los actores".
3.- El procurador D. [..], en nombre y representación de
D. [..], presentó escrito contestando a la demanda formulada de adverso,
y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación,
terminó suplicando al Juzgado dictara sentencia por la que "desestimándose
la demanda se absuelva a mi mandante D. [..] de las peticiones que se
contienen en la demanda frente al mismo, imponiendo las costas del juicio
a la parte actora".
4.- El procurador D. [..], en nombre y representación de
D. [..], presentó escrito contestando a la demanda formulada de
contrario, y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que estimó
de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictara sentencia por la
que "desestimando íntegramente la demanda formulada se absuelva a D.
[..] de las pretensiones de la misma, con expresa imposición de las
costas a la parte actora".
5.- Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y
unidas a los autos, la Ilma. Sra. Magistrada- Juez del Juzgado de Primera
Instancia número Nueve de Valladolid, dictó sentencia en fecha 20 de
enero de 1999, cuyo fallo es como sigue: "Que estimando la demanda
formulada por la procuradora Dª [..] en representación de D. [..] y Dª
[..], contra D. [..] y D. [..], ambos representados por el procurador D.
[..], y contra [..] Sociedad Anónima de Seguros, representada por el
procurador D. [..], debo condenar y condeno a los demandados a que abonen
a los actores solidariamente la cantidad de treinta y cinco millones
trescientas mil pesetas (35.300.000 pesetas), e intereses conforme a lo
dispuesto en el art. 921 de la LEC, así como al pago de las costas
procesales".
SEGUNDO.- Interpuestos
recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia y
tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Valladolid, dictó sentencia en fecha 29 de junio
de 1999, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Primera
Instancia nº 9 de Valladolid, en fecha 20 de enero de 1999, resolviendo
el juicio de menor cuantía nº 309/98, debemos confirmar y confirmamos
dicha resolución, imponiendo a los apelantes las costas de esta
alzada".
TERCERO.- 1.- La
procuradora de los Tribunales Dª [..] (posteriormente sustituida por su
compañero D. [..]), en nombre y representación de [..], S.A., interpuso
recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Audiencia
Provincial de Valladolid, con apoyo en un único motivo: Amparado en el número
4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto que la
sentencia recurrida infringe el artículo 1903 del Código Civil".
2.- El procurador D. [..] en nombre y representación de
D. [..], interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada
por la Audiencia Provincial de Valladolid, con apoyo en los siguientes
motivos: "Primero.- Al amparo del nº 4 del artículo 1692 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, alegándose infracción por interpretación errónea
del artículo 632 de la Ley de Ritos y la de la doctrina contenida en las
SSTS de 28 de junio de 1999, 7 de enero de 1991, 20 de febrero de 1992 y
28 de noviembre de 1992. Segundo.- Al amparo del nº 4 del artículo 1692
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 1101
y 1902 del Código Civil y de la doctrina contenida en las SSTS de 12 de
febrero de 1990, 13 de julio de 1987 y 12 de julio de 1998. Tercero.- Al
amparo del nº 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por
infracción del artículo 1101 del Código Civil, y la doctrina legal
contenida en las sentencias del tribunal Supremo de 5 de Mayo de 1988 y 7
de marzo de 1991. Se plantea este motivo, al considerarse excesiva y
deficiente calculada la indemnización establecida en las instancias
anteriores, por entender que el quantum fijado no se corresponde con el daño
causado por mi mandante al hijo de los actores".
3.- El procurador D. [..] en nombre y representación de
D. [..], interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada
por la Audiencia Provincial de Valladolid, con apoyo en los siguientes
motivos: "Primero.- Al amparo del nº 4 del artículo 1692 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, alegándose infracción por interpretación errónea
del artículo 632 de la Ley de Ritos y la de la doctrina contenida en las
SSTS de 28 de Junio de 1999, 7 de Enero de 1991, 20 de Febrero de 1992 y
28 de Noviembre de 1992. Segundo.- Con base en el nº 4 del artículo 1692
de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 1101 y
1902 del Código Civil y la doctrina contenida en las SSTS, 12 de Febrero
de 1990, 13 de Julio de 1987, 12 de julio de 1988. Tercero.- Al amparo del
nº 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción
del artículo 1101 del Código Civil y del 1902 del Código Civil, y la
doctrina legal contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de
Mayo de 1988 y 7 de marzo de 1991. Se plantea este motivo, al considerarse
excesiva y deficientemente calculada la indemnización establecida en las
instancias anteriores, por entender que el quantum fijado no se
corresponde con el daño causado por mi mandante al hijo de los
actores".
4.- Admitidos los recursos de casación por auto de fecha
25 de septiembre de 2001, se entregó copia de los escritos a la
representación de los recurridos, conforme lo dispuesto en el artículo
1710.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que en el plazo de 20 días
puedan impugnarlos.
4.- Evacuado el anterior tramite y al no haberse
solicitado por todas las partes personadas la celebración de vista pública,
se señaló para votación y fallo el día siete de julio del año en
curso, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Pedro González
Poveda
FUNDAMENTOS DE
DERECHO
Primero.- Por D. [..] y Dª [..] se formuló demanda de juicio declarativo de menor
cuantía contra D. [..] , D. [..] y [..] Sociedad Anónima de Seguros,
solicitando sentencia por la que "se declare la concurrencia y
consecuencia de las lesiones del niño [..] por y como consecuentes de
negligencia omisiva de los médicos; que la madre del niño en esta
situación sobrevenida, ha tenido que dejar el puesto laboral de trabajo y
con ello la pérdida económica -"lucro cesante"- sin límite
predecible de tiempo; a [..] como aseguradora de la responsabilidad
solidaria por razón de contrato; y que los codemandados sean obligados
solidariamente a abonar a los actores la cantidad de treinta y cinco
millones trescientas mil pesetas por daños y perjuicios"; la
cantidad de treinta y cinco millones trescientas mil pesetas venía
desglosada en 24.800.000 pesetas al niño minusválido y 10.500.000
pesetas a los padres del niño, los demandantes. La demanda fue estimada
en ambas instancias.
Para la resolución de los recursos de casación
interpuestos han de tenerse en cuenta los siguientes hechos no
controvertidos: 1) En octubre de 1996, Dª [..] requirió los servicios
del ginecólogo D. [..], del cuadro médico de [..], con la que tenía
concertado un seguro médico sanitario, para el seguimiento y control de
su embarazo, siendo la gestante de edad de 40 años, habiendo sido
atendida en 1993 por el citado ginecólogo que le practicó un legrado y
teniendo el mismo conocimiento los abortos padecidos por aquélla en año
y medio. 2) Durante el segundo trimestre del embarazo Dª [..] padeció un
cólico nefrítico, de lo que tuvo conocimiento D. [..]; a los treinta días
del embarazo hubo un amago de aborto que se controló con "Prepart"
y con cuatro días de reposo en cama. 3) Aparte de esto, el desarrollo del
embarazo fue normal, siendo calculada la fecha de salida de cuentas por el
ginecólogo la del 21 de mayo de 1997. 4) En la tarde del día 23 de mayo
de 1997, el ginecólogo encuentra normal a la gestante y le manda hacerse
una monitorización en el sanatorio de [..] y la cita para la tarde del día
26; la monitorización fue realizada en la mañana del sábado día 24. 5)
En la tarde del lunes 26 de mayo, se entregó al ginecólogo el resultado
de la monitorización, procedió éste a tactos exploratorios y a una
ecografía; el médico confirmó retraso en la dilatación. Dª [..] se
mostró dispuesta a someterse a una cesárea, pensando que por su edad a
lo mejor no dilataba por sí misma, lo que el ginecólogo no estimó
necesario. 6) En la tarde del miércoles 28 de mayo, la gestante informa
al médico de las molestias que siente; se le realiza una ecografía y
tacto exploratorio, indicando aquél que el niño está bien encajado y
que en cualquier momento puede ponerse de parto y que si no ocurre así
vuelva a la consulta en la tarde del viernes día 30. 7) En la tarde del
jueves 29 de mayo, la demandante comunica por teléfono a D. [..] que había
expulsado el tapón mucoso y que estaba teniendo muchas molestias como si
fueran contracciones. Preguntada aquélla si eran contracciones de parto,
manifestó que no sabía explicar el origen o causa de las mismas. Le dijo
el médico que era posible que esa misma noche se pusiera de parto; si
ello no sucedía la vería al día siguiente en la consulta. En esa
consulta del día 30 de mayo, la gestante manifestó que las contracciones
habían disminuido sensiblemente en frecuencia e intensidad. Practicada
ecografía y exploración por tacto, dijo el ginecólogo estar dilatada
dos centímetros, que había tocado la cabeza del niño y que esa misma
noche con toda probabilidad se iniciaría el parto y que, de cualquier
forma, el siguiente día 31, a las 11 horas, estuviera en el sanatorio de
[..] para que la matrona le hiciera una nueva monitorización. 8) A las 11
horas del día 31 se le realiza una monitorización por la matrona; ante
su resultado, D. [..], que se encontraba en el sanatorio, procede a una
nueva monitorización, ante cuyo resultado el doctor decidió la inmediata
práctica de una cesárea, que terminó hacía las 13.45 horas. 9) El recién
nacido tuvo que ser reanimado por el anestesista que asistía a la operación
al apreciar que aquél estaba hipotónico y presentaba problemas cardio-
respiratorios, siendo llevado el niño a la incubadora hacía las 14,10
horas. 10) Avisado el pediatra D. [..] acordó mantener al niño en la
incubadora ya que le encontraba algo hipotónico. Hacía las 18,20 horas
se personó en el sanatorio nuevamente el médico pediatra que, ante el
estado del recién nacido, ordenó su urgente traslado al servicio de
neonatología del Hospital [..], en el que tuvo entrada a las 18.50 horas.
11) En el parte firmado por D. [..] para el traslado del niño se hace
constar: "RN a término con bradicardia hace 24 h.- Parto por cesárea.-
Visto a las 1/2 h ACP n. Hipotomía cervical; líquido meconial.- En
incubadora.- Nuevo control a 17,45 leve hipertonía cervical; posibles
estertores en hemitorax izquierdo". 12) A consecuencia de las
lesiones sufridas, el niño fue declarado minusválido con grado de
minusvalía del 33% por resolución de 21 de octubre de 1997 de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León,
Habiéndose apreciado en el previo reconocimiento médico "retraso
madurativo por encefalopatía de etilogía sufrimiento fetal perinatal".
Interpuesto recurso de casación por cada uno de los tres
codemandados procede examinar en último lugar el interpuesto por [..],
S.A. aunque éste haya sido el primero presentado ante esta Sala, ya que
el resultado de los otros dos puede influir en la solución que haya de
darse a aquél.
Recurso de D. [..].
SEGUNDO.- El motivo
primero de este recurso, acogido al ordinal 4º del art. 1692 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, denuncia infracción del art. 632 del mismo texto
legal y de la doctrina contenida en las sentencias de esta Sala de 28 de
junio de 1999, 7 de enero de 1991 y 20 de febrero y 28 de noviembre de
1992; el motivo está en intima relación con el segundo en que, por el
mismo cauce procesal, se acusa infracción de los arts. 1101 y 1902 del Código
Civil y de la doctrina contenida en las sentencias de 12 de febrero de
1990, 13 de julio de 1987 y 12 de julio de 1988.
Antes de entrar en el examen de estos motivos ha de
rechazarse la alegación que se hace en el denominado "motivo
previo" en el que se dice que "dado que la condena de mi
mandante se hace por extensión y solidaridad con la conducta de D. [..],
según escuetamente explica la sentencia, tenemos legitimación para
adherirnos a los motivos de su recurso, que en parte, han de ser,
necesariamente, coincidentes". La más somera lectura de la sentencia
recurrida pone de manifiesto que no se hace extensión de la
responsabilidad que se atribuye a cada demandado al otro, sino que uno y
otro son condenados con base en la conducta negligente que se les imputa
en la prestación de sus servicios profesionales atendida la especialidad
médica que cada uno ejercía, y si se establece la condena solidaria de
ambos es en razón a no poderse determinar la influencia que cada una de
esas conductas tuvo en el resultado dañoso. En conclusión, carece de
legitimación el ahora recurrente para impugnar la valoración de la
prueba pericial referida al ginecólogo codemandado.
Es doctrina reiterada de esta Sala, manifestada en las
numerosas sentencias que cita la de 10 de noviembre de 1997 que "para
que pueda surgir la responsabilidad sanitaria o del centro del que aquél
depende, como consecuencia del tratamiento aplicable a un enfermo, se
requiere ineludiblemente que haya intervenido culpa o negligencia por
parte del facultativo que realizó el acto médico o clínico enjuiciado,
ya que, en la valoración de la conducta profesional de médicos y
sanitarios en general, queda descartada toda responsabilidad más o menos
objetiva, sin que opere la inversión de la carga de la prueba admitida
para los daños de otro origen, siendo imprescindible que a la relación
causal, material o física, haya de sumarse el reproche culpabilístico,
que puede manifestarse en una negligencia omisiva en la aplicación de un
medio curativo o, más generalmente, en la existencia de una conducta
culposa o negligente en tal aplicación".
La sentencia de 8 de octubre de 2003 recoge la doctrina
jurisprudencial sobre valoración de la prueba pericial, según la cual
"la prueba pericial es la libre apreciación por el Juez -sentencias,
por todas, de 9 de octubre de 1981, 19 de octubre de 1982, 13 de mayo de
1983, 27 de febrero, 8 y 10 de mayo, 25 de octubre y 5 de noviembre de
1986, 9 de febrero y 16 de junio y 17 de julio de 1987, 9 de julio y 12 de
noviembre de 1988, 11 de abril, 20 de junio y 9 de diciembre de 1989 y 6
de junio de 2002- no vinculando al Juez o Tribunal de instancia el informe
del pleito- sentencias de 10 de marzo, 11 de octubre y 7 de noviembre de
1994, 17 de mayo de 1995 y 18 de julio y 29 de septiembre de 1997-. Tal
prueba no está sometida al control casacional, salvo cuando se aprecie
que resulta ilógica u omite datos y conceptos que figuran en el informe
-sentencia de 30 de noviembre de 1997-. Tan sólo podrá casarse tal
valoración, como ha recogido la sentencia de 20 de febrero de 1992 y
repetido la de 19 de julio de 2001, cuando el órgano de instancia
tergiverse las conclusiones de forma ostensible o falsee arbitrariamente
sus dictados o extraiga conclusiones absurdas o ilógicas".
La sentencia recurrida se limita a aceptar la valoración
de la prueba pericial hecha en primera instancia señalando que "en
lo que respecta a la de D. [..], apreciando que éste dejó sin su
vigilancia profesional al recién nacido, motivando que no hubiera podido
ordenar su traslado inmediato al hospital, tan pronto la temperatura se
hubiera estabilizado en la incubadora". El informe emitido por el Dr.
D. [..] califica de "prudente" la conducta profesional del
pediatra D. [..] de mantener al recién nacido en la incubadora que le
administraba calor y oxigeno "dos medidas de reanimación física que
debían ser suficientes en un niño que no presentaba alteraciones
respiratorias ni circulatorias"; igualmente se califica de prudente
el que tras tres horas de incubadora y al persistir las alteraciones de
tono muscular y detectar posibles estertores pulmonares, el pediatra
prescribe el traslado con carácter urgente al servicio de neonatología
del Hospital [..]. De esta prueba pericial, rectamente valorada, se
manifiesta que la conducta del pediatra D. [..], desde el momento en que
fueron requeridos sus servicios, fue ajustada a la "lex artis",
adoptando las medidas adecuadas y ordenadas a la correcta atención del
recién nacido, por lo que ha de calificarse de ilógica la valoración
que de esa prueba pericial se realiza en la instancia, sin que exista en
autos elemento probatorio alguno que permita afirmar que el pediatra
demandado descuidó la vigilancia del recién nacido y que debió ordenar
su traslado al servicio de neonatología cuando se estabilizase la
temperatura de aquél.
No puede imputarse, por tanto, la existencia de una
conducta negligente o culposa al pediatra D. [..] en la asistencia
prestada al recién nacido y, menos aún, como se afirma en la instancia,
que esa conducta "prolongó la situación de sufrimiento fetal, con
efecto inmediato sobre la salud del menor", como dice la sentencia de
primera instancia, ya que no existe prueba alguna en los autos que
acredite que la permanencia del recién nacido en la incubadora determinó
un incremento del daño producido por el sufrimiento fetal. En cuanto a la
necesidad de que se de un nexo causal entre la conducta del agente y el daño
producido, dice la sentencia de 10 de octubre de 2002 que "el art.
1902 del Código Civil ha sufrido una evolución jurisprudencial acorde
con la realidad social siempre cambiante (art. 3.1 del Código Civil) que,
manteniendo un fondo de reproche culpabilístico, desplaza cada vez más
la prueba de la culpa a la prueba del nexo causal ya que se subsume en la
causa del daño la existencia de culpa"; asimismo tiene declarado
esta Sala que "corresponde la carga de la prueba de la base fáctica
(del nexo causal) y por ende las consecuencias de su falta al
demandante" y "en todo caso es preciso que se pruebe la
existencia de nexo causal, correspondiendo la prueba al perjudicado que
ejercita la acción" (sentencia de 6 de noviembre de 2001, citada en
la de 23 de noviembre de 2002); siempre será requisito ineludible la
exigencia de una relación de causalidad entre la conducta activa o pasiva
del demandado y el resultado dañoso producido, de tal modo que la
responsabilidad se desvanece si el expresado nexo causal no ha podido
concretarse (sentencia de 3 de mayo de 1995 citada en la de 30 de octubre
de 2002). Nexo causal entre la conducta del demandado ahora recurrente y
el daño sufrido por el recién nacido que no resulta probada en autos.
De lo expuesto se concluye la estimación de los dos
primeros motivos del recurso, con la casación y anulación de la
sentencia recurrida sin necesidad de entrar en el examen del motivo
tercero.
Recurso de D. [..].
TERCERO.- El motivo
primero de este recurso, acogido al ordinal 4º del art. 1692 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, denuncia infracción del art. 632 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y de la doctrina contenida en las sentencias de 28 de
junio de 1999, 7 de enero de 1991, 20 de febrero y 28 de noviembre de
1992. El motivo guarda estrecha relación con el segundo en que se
denuncia infracción de los arts. 1101 y 1902 del Código Civil y de la
doctrina contenida en las sentencias de 12 de febrero de 1990, 13 de julio
de 1987 y 12 de julio de 1988.
Las consideraciones jurisprudenciales recogidas en el
anterior fundamento de esta resolución son aplicables para la solución
que haya de darse a estos dos motivos de casación. Al igual que respecto
al pediatra D. [..], la sentencia recurrida se limita a hacer suya la
valoración del informe pericial emitido respecto al recurrente Dr. D.
[..] que hace la juzgadora de primera instancia, sin efectuar ningún
juicio critico de la misma, para aceptarla o rechazarla. Dice la sentencia
de primera instancia que "no obstante, el hecho de que según las
propias manifestaciones de la paciente el día 29 tuviera contracciones y
el día 30 estas hubieran disminuido, habiéndose iniciado la dilatación
en la tarde del día 30 según reconoce el facultativo codemandado, hacen
que ésta se encontraba en la tarde del día 30 en la fase prodrómica del
parto, según se señala en el informe pericial emitido en autos, que
"estima adecuada la indicación de realizar una monitorización fetal
no estresante al día siguiente de la valoración realizada el 30 de mayo,
si la paciente no comenzaba su parto en horas posteriores a la exploración",
y no podemos estimar el término "adecuado" del informe pericial
sea equivalente a "prudente", ya que si vista la evolución de Dª
[..] se hubiera acordado su monitorización la misma tarde del día 30, se
habrían apreciado las alteraciones en el ritmo cardiaco del feto desde el
inicio o al menos mucho antes que al día siguiente, y por tanto los
efectos sobre éste hubieran sido menores". Dice la juzgadora de
primera instancia que "no podemos estimar que el término
"adecuado" del informe pericial sea equivalente a
"prudente" ya que si vista la evolución de Dª [..] se hubiera
acordado su monitorización la misma tarde del día 30, se hubieran
apreciado las alteraciones del ritmo cardiaco del feto desde el inicio o
al menos mucho antes que el día siguiente". La valoración que la
juzgadora de instancia hace del informe pericial se funda en una distinción
semántica entre lo que era "adecuado" y lo que era
"prudente" hacer ante el estado de la gestante, disquisición
que no puede aceptarse ya que al ordenar el ginecólogo la realización de
una monitorización fetal para el siguiente día 31, si la paciente no
comenzaba su parto en horas posteriores a la exploración, realizada en la
tarde del día 30, no infringió ninguna norma de conducta profesional ya
que nada indicaba en el estado de la paciente la necesidad de proceder a
esa monitorización fetal el mismo día 30 por la tarde. No puede
aceptarse, en consecuencia, la valoración que de la prueba pericial
realiza la sentencia de primera instancia aceptada por la que es objeto de
este recurso de casación, lo que lleva a la estimación del motivo
primero de este recurso y, por ende, del segundo al no apreciarse una
conducta negligente en el ginecólogo demando, de acuerdo con la doctrina
jurisprudencial recogida en el anterior fundamento de esta resolución.
La estimación de los dos primeros motivos del recurso
determina la de éste sin necesidad de entrar en el examen del motivo
tercero, con la consiguiente casación y anulación de la sentencia
recurrida.
Recurso de [..], .S.A.
CUARTO.- El único
motivo de este recurso, acogido al art. 1692.4º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, denuncia infracción del art. 1903 del Código
Civil. La estimación de los recursos de casación interpuestos por los médicos
codemandados hace innecesario entrar en el examen de las razones que
fundamentan el único motivo de este recurso que, sin otros razonamientos,
ha de ser estimado.
Razonamientos comunes a los tres recursos.
QUINTO.- La estimación
de los tres recursos de casación interpuestos determina la casación y
anulación de la sentencia recurrida así como, por lo expuesto, la
revocación de la sentencia de primera instancia y la consiguiente
desestimación de la demanda, con expresa condena de la parte actora al
pago de las costas causadas en la primera instancia, a tenor del art.
523.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No ha lugar a hacer expresa condena en costas en cuanto a
las causadas en la segunda instancia ni en este recurso de casación, de
acuerdo con los arts. 710.2º y 1715.2º de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; procede la devolución a los recurrentes del depósito constituido
para recurrir a tenor del art. 1715.3º de dicha Ley Procesal.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad
conferida por el pueblo español
FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos haber lugar a los
recursos de casación interpuestos, respectivamente, por [..], S.A.; por
D. [..] , y por D. [..], respectivamente, contra la sentencia dictada por
la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid de fecha
veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve que casamos y
anulamos.
Y con revocación de la sentencia dictada por el Juzgado
de Primera Instancia número Nueve de Valladolid, de fecha veinte de enero
de mil novecientos noventa y nueve, debemos absolver y absolvemos a D.
[..], D. [..] y [..], S.A. de la demanda formulada contra ellos.
Contra expresa condena en las costas de la primera
instancia a los demandantes.
No ha lugar a hacer expresa condena en las costas de la
segunda instancia ni en las causadas por los recursos de casación
interpuestos.
Devuélvase a los recurrentes en casación los depósitos
constituidos librando los despachos necesarios.
Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación
correspondiente, con devolución de los autos y Rollo de Apelación, en su
día remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la
Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos .-Antonio Gullón Ballesteros.- Xavier
O'Callaghan Muñoz.-Pedro González Poveda.
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