No se puede hablar de las cuestiones relacionadas con el Derecho Sanitario, la Salud y su protección, ni de los médicos y pacientes, sin contar con Ricardo De Lorenzo, inspirador del moderno Derecho Sanitario en nuestro país, en cuyo entorno se ha desarrollado lo que hoy es una auténtica especialidad dentro del mundo del Derecho y de la Medicina.

Presidente y fundador de la Asociación Española de Derecho Sanitario, su labor ha traspasado fronteras tras impulsar la creación de asociaciones en infinidad de países del ámbito iberoamericano, siendo reconocido por esta labor con The Maimonides Award, una de las distinciones de mayor prestigio a nivel internacional. Sus trabajos y dedicación le han llevado a su ingreso, siendo jurista, en la Real Academia Nacional de Medicina como Académico Correspondiente Honorario.

Como excelente comunicador, el mensaje de Ricardo De Lorenzo llegó con facilidad al ámbito sanitario en una época en la que eran una excepción los juristas que aparecían en los medios especializados, siendo muy habituales sus conferencias y artículos de opinión. En la docencia, junto al bagaje de más de veinte libros publicados sobre Derecho Sanitario, ha jugado un papel clave al dirigir -junto con el magistrado Luís Martínez Calcerrada- el Tratado de Derecho Sanitario más amplio que existe en lengua española.

Ante todo, es el resultado de la ilusión de unos profesionales convencidos de que la Salud no es sólo Medicina y de que alcanzarla como objetivo no es sólo un derecho; por eso es necesario que esté compuesta por médicos, aunque sea de Derecho, y por juristas, aunque sea Sanitario.

Nuestros fines, que por otra parte son también nuestras señas de identidad, no se reducen al Derecho Médico, ni siquiera a la expresión o al campo más comprensivo del Derecho Sanitario, sino que giran alrededor de la idea de Salud como aglutinante de toda una serie de objetivos que abarcan actividades que, o bien estaban dispersas, o bien tienden a desgajarse con sustantividad propia, aunque no obstante, hay una íntima relación. Por eso, entre nuestros asociados no hay sólo juristas, o médicos y juristas, sino farmacéuticos o economistas, entre otros.

Todo esto tiene, desde luego, una doble vertiente. Se trata, por un lado, de promover, estimular, difundir y mejorar todo lo estrictamente sanitario, desde un punto de vista jurídico (cabría decir el bien jurídico salud estrictamente considerado); y por otro, estudiar también el comportamiento de otras normas, en principio no sanitarias, cuando entran en contacto con lo sanitario. Y, por último, nuestra vocación de estudio y de progreso no está reñida, sino que se contempla con la realidad y la actualidad.

No, si consideramos que éste es nuestro objetivo fundamental. Hay que integrar todos los puntos de vista y dar cauce adecuado para la composición de los intereses concurrentes, todos legítimos. Mi idea es que el problema es ante todo, pero no sólo, profesional por lo que hay que ir matizando la proposición contraria que sería un problema de Tribunales y, además, de Tribunales Penales. De ahí que sepamos cuántas reclamaciones se producen, pero no por qué se producen; que hay juicios, pero que no tengamos otra alternativa; que muchas denuncias son infundadas, pero que no las podamos evitar; que discutamos eternamente cuantías, pero que seamos a menudo incapaces de tener criterios seguros para determinarlas. La solución pasa entonces por educar, valga la expresión, al paciente y al médico, por reducir los procesos de manera que sólo llegue al juez lo que tiene que llegar y por proporcionar una dosis muy elevada de seguridad jurídica en materia indemnizatoria. A esto no se puede llegar con la situación actual de desconexión entre los sectores implicados, sino que es necesario integrarlos, crear organismos capaces de dar respuestas y dotarles de competencias suficientes. A mi modo de ver, como ya he adelantado, el primer paso debe darse desde las organizaciones profesionales.

Es necesario tanto que los médicos conozcan las implicaciones jurídicas del ejercicio profesional como que abogados, jueces y fiscales comprendan las circunstancias en las que el ejercicio profesional se desenvuelve. Por ejemplo, el médico debe conocer la trascendencia jurídica que se puede derivar de la correcta o incorrecta información al paciente, y jueces y fiscales deberán comprender cómo se debe tomar una decisión en momentos, como el caso de una cesárea urgente. No se trata de llegar a un acuerdo como algunos han podido pensar, si no de comprender recíprocamente informaciones, novedades, y avances técnicos y jurídicos.

Creo que el fenómeno ha sido el inverso. Es decir, no hay más demandas porque existan más abogados dedicados a este tema, sino que hay más abogados dedicados a este tema porque hay más posibles demandas. En definitiva, se trata de una mayor sensibilidad social hacia la protección de la Salud, entendida ésta como derecho exigible y reclamable jurídicamente desde la promulgación de la Constitución y más adelante por el desarrollo constitucional, por la Ley General de Sanidad y por la Ley de Autonomía de los Pacientes, con el influjo de la Ley de Consumidores.

Debemos ser conscientes que, en líneas muy generales, la Medicina ha pasado de magia a ciencia y de arte a técnica. Las curaciones espectaculares son el fruto, ya, de un conjunto de conocimientos sometido a sistema, y la relación entre el médico y el paciente no descansa tanto en la confianza de la habilidad del médico, sino en su experiencia y capacidad de trabajo, que desarrolla además en un medio más tecnificado y especializado, dominado por estructuras, públicas, semipúblicas o privadas, en las que la relación médico-paciente es cada vez menos directa para encuadrarse en diversos ámbitos organizativos (Sanidad Pública, sistema de la Seguridad Social, aseguradoras privadas del riesgo de enfermedad, consultorios y hospitales privados ... ). Desde el punto de vista del paciente, esta evolución se traduce en el paso de la concepción de la Salud como suerte a la Salud como derecho, lo que implica un sustancial cambio de actitud, desde una situación de sometimiento y resignación a otra de mayor exigencia de calidad de prestaciones asistenciales que, por otro lado, no puede ya, no sólo solicitar, sino exigir, como antes decía.

Paralelamente, la consideración jurídica de la responsabilidad ha evolucionado desde posiciones como las de Marañón, que estimaba "disparate fundamental y totalmente inaceptable" la exigencia de responsabilidad al médico, hasta su entera sujeción a normas legales de mayor complejidad cada vez (se han regulado la experimentación y ensayos clínicos, los trasplantes y la investigación genética, con normas específicas sobre responsabilidad).

Creo que todavía no es el ideal y que incluso se están produciendo hechos preocupantes e incluso peligrosos, como la tendencia generalizada de cosificar la Salud o de la nueva concepción de la medicina como bien de consumo. Debemos esforzarnos para hacer ver a la sociedad que nada es inocuo cuando se hace uso de la Medicina. Al mismo tiempo, debemos adoptar una posición frente a quienes incitan claramente a este consumo ofertando servicios sanitarios de la misma forma que se ofertan otros servicios en el mercado, es decir, mediante campañas publicitarias que recogen descuentos. Ahora más que nunca es necesario fomentar el debate social, educar a la persona en el concepto sanitario e impulsar el desarrollo del Derecho en su consideración de todos los aspectos vinculados a la Salud.

De acuerdo con los datos de los que dispongo, resulta posible deducir que las denuncias representan una diezmillonésima parte sobre el total de los actos médicos producidos, lo que es indicativo de una asistencia facultativa de gran calidad. Este dato puede completarse con el hecho de que el 94,60% de las denuncias se producen en relación con la asistencia sanitaria en Instituciones Públicas, singularmente de la Seguridad Social, frente a sólo un 5,40% del total relativas a la asistencia de carácter privado.

El escasísimo número de denuncias en relación con el total de los actos médicos tiene sin embargo la contrapartida de su extraordinaria publicidad, aún en asuntos en los que las reclamaciones no prosperen judicialmente pero sí dañen irreversiblemente el buen nombre del médico implicado y en general del colectivo, situación que considero no deseable desde ningún punto de vista.

En cuanto al aumento de las cuantías de las indemnizaciones, esto se debe a una multiplicidad de causas. Es conocida la espiral responsabilidad-seguro responsabilidad, pero creo que las indemnizaciones seguirán creciendo sin seguro por las mayores facilidades por el éxito de las demandas, a que antes aludía, por la más acusada exigencia de protección de la salud, por la ausencia de criterios seguros y de estudio sobre la valoración del daño corporal...

Antes que nada, quiero precisar que el aumento de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica no significa que nuestra salud esté peor atendida, ni siquiera que el ejercicio de la Medicina y especialmente de la Cirugía deba ser considerado como una actividad de riesgo generalizado. La Medicina y la Cirugía han progresado admirablemente en los últimos años, pero sus recursos siguen siendo limitados y no se puede esperar milagros cotidianos, ni sospechar que cuando la curación no se produce ha existido un fallo humano generador de responsabilidad.

Además, el ejercicio de la Medicina se desarrolla en un ambiente cada vez más tecnificado y especializado, en el que la figura del médico se difumina de cierta manera en su integración en grandes estructuras públicas o empresariales que impiden que entre médico y paciente se cree el clima de confianza en que tradicionalmente se ha desarrollado la relación. Quizás sea esta pérdida de calidad en la relación médico-enfermo, unida a la producción de un accidente inesperado, la causa principal de las reclamaciones judiciales, malas para los médicos, a quienes causan graves perjuicios en su carrera profesional, y malas para los pacientes porque pueden provocar inhibiciones en casos críticos. Es preciso, por ello, tratar de atajar las causas del conflicto para que la Medicina siga siendo una profesión atractiva para los jóvenes y un factor de tranquilidad para nosotros, para el paciente y para las familias.

Tan indeseable es que reclamar contra el médico se considere en sí mismo inadmisible como ver en cada fracaso sanitario una negligencia profesional. Por eso se trata de devolver a la relación médico-paciente el protagonismo que nunca debió perder en el ejercicio de la Medicina por encima de la creación de grandes equipos médicos; dotar a esa relación médico-paciente de las bases que le permitan recuperar el principio de confianza que nunca debió perder, haciendo que el paciente no sea un mero número de beneficiario en la Seguridad Social ni el médico un simple componente de una organización impersonal.